Argentina presentará este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, su solicitud de medidas cautelares para detener el proyecto petrolero Sea Lion (León Marino), situado al norte de las Islas Malvinas. Es la primera acción judicial del país trasandino contra Londres por la explotación de recursos en el archipiélago, ocupado en 1833.
El Tribunal quedó integrado el lunes, tras la juramentación de los jueces ad hoc: el británico Vaughan Lowe, profesor emérito de Oxford nombrado por Londres, y el argentino Raúl Vinuesa, profesor consulto de la UBA, quien ya representó a Argentina en ese cargo ante la Corte Internacional de Justicia durante la disputa por las papeleras con Uruguay.
Vinuesa reemplaza a la jueza argentina y vicepresidenta del tribunal, Frida Armas Pfirter, quien se apartó del caso, según confirmó nuestro medio asociado Perfil.
La diplomática es una especialista reconocida en la materia y encabezó entre 1997 y 2023 la comisión encargada de establecer el límite exterior de la plataforma continental argentina.
Las audiencias, que se transmitirán en vivo desde las 6:00 horas (en argentina; misma hora en Chile), serán presididas por el camerunés Maurice Kamga.
Las sesiones tienen lugar en medio de una intensa coyuntura en el Atlántico Sur, coincidiendo con la visita de Ana, hermana del rey Carlos III, quien desde este lunes y hasta el 20 de noviembre recorrerá las islas y las Georgias del Sur.
El escenario también está marcado por el próximo inicio de la ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino, que estará a cargo de la naviera chilena Easter Island, y por la discusión de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto ya obtuvo dictamen en el Congreso y el oficialismo pretende someterlo a votación en la Cámara de Diputados durante las próximas semanas.
El desarrollo de las audiencias
La representación argentina, de carácter técnico debido a que las audiencias coinciden con los últimos días de la visita del papa León XIV al país, es liderada por María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, y el embajador Mario Oyarzábal, quien participa como agente. La defensa, por su parte, incluye asesores como el jurista argentino Marcelo Kohen, el neerlandés Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.
Argentina expondrá primero, entre las 6 y las 9, y el Reino Unido responderá de 11 a 14. La segunda ronda tendrá lugar el miércoles: Argentina intervendrá de 6.30 a 8 y el Reino Unido, de 13.30 a 15. Cada bloque combinará exposiciones y preguntas.
Marcelo Kohen, profesor emérito en Ginebra que ya representó a Argentina en litigios ante el Tribunal del Mar, había explicado el alcance de la solicitud cuando Perfil obtuvo acceso al documento, a mediados de octubre.
“Nunca antes Argentina había demandado al Reino Unido por sus actividades en Malvinas. El único antecedente se remonta a 1884, cuando Argentina propuso un arbitraje que Londres rechazó”, afirmó en esa ocasión.
La solicitud argentina
De acuerdo con lo que averiguó el citado medio argentino, el punto central de la presentación reside en aquello que “no se pide”: evitar que la discusión se centre en la soberanía, una materia fuera de la jurisdicción del tribunal.
En su lugar, el Estado argentino enfoca su argumento en la explotación de recursos de la plataforma continental, asunto que corresponde al derecho del mar.
El documento también incorpora un argumento ambiental, independiente de la cuestión de soberanía. Sostiene que los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR imponen a todos los Estados el deber de proteger el medio marino y señala que ni Navitas ni Rockhopper han operado antes un yacimiento offshore en producción.
En consecuencia, Sea Lion sería “el primer campo offshore que Navitas opere, junto a un socio que nunca operó uno”. En el área se registran tormentas con olas de hasta 30 metros y se encuentra a entre 700 y 860 kilómetros de los puertos más próximos. Además, cada pozo deja “una huella física permanente” en el lecho marino y, de acuerdo con el escrito, la extracción de recursos no puede revertirse.
La solicitud se fundamenta en resoluciones de Naciones Unidas, particularmente la 31/49 de 1976, considerada un logro diplomático argentino que buscaba detener el comienzo de las investigaciones hidrocarburíferas británicas en las aguas que rodean el archipiélago. La resolución instó a ambas partes a no adoptar cambios unilaterales mientras la disputa permanezca sin resolver.
“Argentina solicita que se ordenen medidas provisionales respecto de la explotación de recursos no renovables en la plataforma continental disputada con el Reino Unido. La petición se presenta en el marco del proceso de descolonización bajo las Naciones Unidas”, explicó Kohen.
Londres, que este año respaldó públicamente las licencias concedidas por el gobierno de las islas —que Argentina califica de ilegales y cuestiona mediante la llamada “Ley Malvinas”—, adelantó que intentará centrar la controversia precisamente en ese asunto. Para ello, pondrá en duda la jurisdicción del tribunal y se opondrá a que el proceso se utilice para resolver la soberanía. Sin embargo, manifestó que cumplirá las medidas que se dicten.
“Argentina tendrá que persuadir al tribunal de que la disputa corresponde al derecho del mar”, señaló el académico australiano Donald Rothwell, según EFE.
Posibles resultados
El tribunal podría anunciar su resolución entre mediados y finales de noviembre, antes de que comiencen las perforaciones en Sea Lion, programadas para principios de 2027.
En la Cancillería consideran tres posibilidades: que el tribunal conceda íntegramente lo solicitado y ordene detener la explotación hasta que concluya el arbitraje; que acepte solo algunos puntos, o que desestime la solicitud, escenario en el que el arbitraje continuaría.
“Ninguno de los posibles resultados supone reconocer la legalidad de la explotación británica”, habían dicho a Perfil fuentes de la Cancillería antes de las audiencias.
Argentina llega a Hamburgo con dos precedentes ante tribunales internacionales: el caso de la Fragata Libertad, en el que este mismo tribunal ordenó en 2012 la liberación provisional del buque retenido en Ghana, y en cuya defensa participó Kohen; y la disputa por las papeleras de Fray Bentos, cuando en 2006 la Corte Internacional de Justicia rechazó la medida cautelar solicitada por Argentina y Vinuesa fue el único juez que votó a favor.
