Este martes comenzó su tramitación legislativa una iniciativa que busca que las personas cubran parte de los gastos de operativos extraordinarios de búsqueda y rescate cuando estos se originen por acciones dolosas o por culpa grave.
El proyecto, presentado por la diputada Macarena Santelices, propone modificar la Ley N°20.423, que regula el Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, para establecer responsabilidad civil por los costos derivados de estas emergencias.
La medida se aplicaría cuando una persona origine directamente la movilización de recursos de búsqueda, rescate o salvamento a raíz de una conducta intencional o de negligencia especialmente grave, durante actividades turísticas, deportivas o recreativas en espacios naturales.
Entre las situaciones que los tribunales podrían evaluar figuran entrar a sabiendas en lugares cuyo acceso esté prohibido por razones de seguridad, ignorar deliberadamente instrucciones de evacuación y desatender alertas oficiales sobre riesgos graves y previsibles.
La propuesta incluye además desobedecer intencionalmente normas obligatorias de seguridad o proporcionar información falsa de manera deliberada, si esto causa un despliegue extraordinario e innecesario de recursos públicos de emergencia.
Accidentes fortuitos no generarían cobros
No obstante, el hecho de necesitar ayuda de emergencia no bastará para responsabilizar económicamente a una persona, según establece el proyecto.
Por ello, sufrir un accidente, perderse, realizar una actividad riesgosa o requerir asistencia no permitirá presumir, por sí solo, la existencia de dolo o culpa grave.
Para exigir la restitución, será necesario probar la conducta atribuida, la existencia de un perjuicio patrimonial real y el vínculo causal entre ambos.
Además, la responsabilidad no se fijará mediante un cobro automático: deberá ser determinada por una sentencia judicial firme.
La restitución tendría un tope
En cuanto a los montos, la iniciativa señala que quienes sean considerados responsables solo deberán devolver una parte de los gastos públicos extraordinarios, directos y necesarios, siempre que estén debidamente acreditados.
El monto a restituir tendrá un máximo del 30% de esos gastos o de 100 unidades tributarias mensuales (UTM), según cuál de los dos límites sea menor.
Al establecer la suma, el tribunal deberá ponderar aspectos como la gravedad de la conducta, cuánto contribuyó a generar el gasto, las medidas preventivas adoptadas y la situación socioeconómica de la persona demandada.
También podrá rebajar el monto, permitir que se pague en cuotas o eximir del reembolso si concurren circunstancias excepcionales que lo ameriten.
La iniciativa contempla además que la situación económica no interfiera con la atención de emergencias. Por este motivo, ninguna institución podrá supeditar el inicio o la continuidad de un rescate al pago anticipado, la entrega de garantías o la firma de compromisos de restitución.
La entidad pública que haya sufrido el perjuicio patrimonial podrá presentar la acción para reclamar esos recursos.
