Durante esta semana, el Tribunal Constitucional (TC) resolverá si admite a trámite el requerimiento presentado por el alcalde Boris Chamorro, quien pretende continuar en el cargo mientras enfrenta el juicio oral por el caso Puerto Coronel.
El proceso penal permanece suspendido y existe la posibilidad de que la preparación del juicio tenga lugar el próximo año.
A fines de octubre, el Tribunal Constitucional estableció un plazo de diez días para pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento que presentó el abogado Fernando Saenger en representación del alcalde Boris Chamorro, quien aspira a permanecer en su puesto.
Esto ocurre mientras avanza el juicio oral del caso Puerto Coronel, en el que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado solicitan ocho años de prisión para la autoridad comunal.
Luego de que el jefe comunal presentara el requerimiento, otros intervinientes -entre ellos la Fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos y la propia empresa portuaria- también formularon solicitudes, ya sea para precisar el propósito de la acción de Chamorro o para pedir que se declare inadmisible.
Hasta ahora, el Juzgado de Garantía ordenó detener la tramitación de la causa, por lo que se canceló la preparación del juicio oral que estaba fijada para el 13 de noviembre.
El abogado Andrés Cruz, defensor del exconcejal Eduardo Araya, afirmó que se trata de un procedimiento “para nada inédito”.
Aunque respeta la decisión de suspender el caso, el abogado Gastón Barril, representante del exgerente de Administración y Finanzas de Puerto Coronel, Daniel Chamorro, sostuvo que la medida “afecta” el derecho de los imputados a ser juzgados dentro de un plazo razonable.
Según fuentes de La Radio, la preparación del juicio oral podría aplazarse hasta el próximo año, debido a la agenda del tribunal y a la falta de jueces. A esto se suma que uno de los magistrados está inhabilitado para conocer la causa.
Ante este escenario, las defensas esperan que el Ministerio Público use la suspensión para avanzar en la investigación que pretende establecer posibles responsabilidades penales de Puerto Coronel como persona jurídica, en una causa que aún no ha sido formalizada.
