Tribunal Constitucional fija 10 días para decidir sobre requerimiento del alcalde Boris Chamorro

El Tribunal Constitucional fijó un plazo de 10 días para pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento presentado por el abogado Fernando Saenger en representación del alcalde Boris Chamorro, quien busca mantenerse en el cargo. La gestión coincide con el juicio oral del caso Puerto Coronel, en que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado piden 8 años de cárcel para la autoridad local.

Suspensión de la causa y posturas de los intervinientes

Tras el requerimiento del jefe comunal, otros intervinientes, como la Fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos y la propia portuaria, presentaron solicitudes para que se aclaren los fines del requerimiento o para que derechamente sea declarado inadmisible. Entretanto, el Juzgado de Garantía de Coronel suspendió la tramitación de la causa y dejó sin efecto la preparación del juicio oral, programada para el 13 de noviembre.

El abogado defensor Andrés Cruz, sostuvo que una resolución de este tipo no es inédita, pues suele adoptarse cuando existen debates de inaplicabilidad de alguna disposición penal o procesal penal que pueda tener consecuencias en el curso del juzgamiento. A su juicio, el tribunal interpretó correctamente la resolución del Tribunal Constitucional. Según dijo, lo que correspondía era suspender el procedimiento y esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Reclamo de la defensa y proyecciones

El abogado Gastón Barril, quien representa al exgerente de Administración y Finanzas de Puerto Coronel, Daniel Chamorro, afirmó que la suspensión afecta el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable. En esa línea, señaló: "Es un derecho cierto de todo imputado a ser juzgado en un plazo más que razonable. Llevamos dos años en esta causa, pero son resoluciones judiciales que nosotros debemos acatar mientras no sean modificadas".

Fuentes de La Radio estiman que la preparación del juicio oral podría quedar derechamente para el próximo año, dada la agenda del tribunal y la falta de jueces, si se considera que uno de los magistrados se encuentra inhabilitado para revisar la causa. En ese contexto, los defensores esperan que el Ministerio Público aproveche la suspensión para avanzar en la arista que busca determinar eventuales responsabilidades penales de Puerto Coronel como persona jurídica, cuya causa sigue sin formalización.