En su testimonio judicial dentro de la investigación por encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle descartó que su gobierno hubiera contribuido a que el exdictador Augusto Pinochet simulase una enfermedad mental para obtener su liberación de las autoridades británicas, tras ser detenido en Londres en 1998.
En enero de este año, el exmandatario respondió por escrito en la causa que entonces encabezaba la ministra en visita Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Frei sostuvo que su administración buscó el regreso de Pinochet a Chile por razones de “jurisdicción o soberanía”:
—Es falso que durante mi gobierno se haya preparado o pedido elaborar un documento con instrucciones para que el señor Pinochet fingiera una enfermedad mental. Nunca habría participado en algo así —afirmó.
La causa se inició a partir de una querella presentada en mayo de 2025 por familiares de víctimas de la Caravana de la Muerte, representados por la abogada Karinna Fernández. La acción se interpuso tras la publicación del libro Calle Londres 38 de Philippe Sands (Anagrama, 2025), donde el exasesor de Frei Cristián Toloza Castillo afirmó que existía un documento de alrededor de diez páginas que “indicaba cómo debía fingir Pinochet que estaba deprimido”. En marzo, al declarar ante el tribunal, Toloza se retractó y dijo que únicamente había sabido por la prensa de “una especie de guion”.
Jurisdicción o soberanía
La ministra Plaza envió ocho preguntas al exmandatario mediante un oficio fechado el 12 de noviembre del año anterior. La primera buscaba establecer si Frei participó o conoció las gestiones que terminaron en la solicitud al ministro del Interior británico, Jack Straw, para que Pinochet retornara a Chile, y también consultaba por sus contactos con el primer ministro Tony Blair.
—Mi posición entonces era que el señor Augusto Pinochet debía ser juzgado en Chile, pues así correspondía por nuestra jurisdicción o soberanía: los hechos que se le atribuían habían ocurrido en nuestro país y él era senador de la República. No aduje ni mencioné otros motivos al Gobierno Británico —señaló Frei—. Además, hasta donde recuerdo, sólo conversé una vez por teléfono sobre el asunto con el primer ministro británico, Tony Blair, a quien le expuse esa postura.
Frei relató que conoció a Cristián Toloza en 1989, durante su campaña senatorial por la región Metropolitana. Según recuerda, Toloza se sumó a su equipo de asesores en 1994 y quedó a cargo de preparar el contenido de sus discursos.
Toloza, psicólogo, trabajaba en la Secretaría de Comunicación y Cultura (Secocu) cuando fue incorporado a un grupo reducido, encabezado por el ministro Raúl Troncoso, que debía gestionar el retorno de Pinochet a Chile:
—Por lo que sé, y como había estudiado en Londres, se propuso que se integrara al grupo que analizaba qué hacer ante la detención de don Augusto Pinochet —relató Frei—. En ese marco, Cristián Toloza viajó en alguna ocasión a Londres para respaldar las gestiones que la Cancillería chilena llevó adelante durante todo el proceso, por medio de la embajada, con el fin de exponer la posición oficial del Gobierno de Chile. En 1999, con la llegada de un nuevo embajador en Londres, las gestiones quedaron a cargo de manera institucional de la representación diplomática, bajo la dirección del nuevo embajador —agregó.
Frei se refería a Pablo Cabrera, quien asumió como embajador en Londres en 1999, después de ocupar el cargo de subsecretario de Marina.
La Corte Suprema y la Caravana
Frei no sólo negó que su gobierno hubiera preparado el dossier de diez páginas que Toloza describió como una guía para que Pinochet fingiera una enfermedad mental; también afirmó no conocer otro documento aludido en el mismo libro.
De acuerdo con la obra de Sands, Toloza dijo que viajó a Londres con un documento sobre la Caravana de la Muerte, firmado por Pinochet, que autorizaba la operación:
—No conozco ni tengo antecedentes de que exista o haya existido un documento con esas características —contestó Frei.
La ministra también consultó al expresidente sobre supuestas gestiones con el entonces presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila, para “cerciorarse de que no hubiera problemas” con el desafuero de Pinochet cuando regresara.
La pregunta se originó en el relato que Javier Urbina, general en retiro y emisario del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, entregó a Sands. Según el libro, Urbina contó que Izurieta conversó con Dávila para ese propósito y que “lo mismo hizo Frei”. El expresidente negó haber intervenido:
—En mi calidad de Presidente de la República nunca me comuniqué con el Presidente de la Excma. Corte Suprema sobre este asunto —respondió.
Respecto de los altos mandos militares, el democratacristiano explicó que durante su administración el Ministerio de Defensa se relacionaba con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. En cuanto a la detención de Pinochet en Londres, dijo que el contacto con ellos se “canalizó a través del Cosena”, organismo que sesionó “dos o tres veces”.
Frei sostuvo que las gestiones para lograr el regreso de Pinochet estuvieron a cargo de “los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Interior y los embajadores en el Reino Unido”, y que sus acciones “estaban alineadas con la postura oficial del Gobierno de Chile”. Al concluir sus respuestas, señaló que desde 1999 “todas las gestiones se canalizaron a través de la embajada de Chile en Londres que se relacionaba con el Foreign Office, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña”.
“Demostrar cagado, pero firme”
Junto con las declaraciones de Frei y Toloza, el expediente de la investigación por encubrimiento incluye dos entrevistas incorporadas como apéndice de una tesis de grado, entregadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
En ellas, un escolta de Pinochet y Hermógenes Pérez de Arce narran su perspectiva sobre los 503 días que el exdictador permaneció detenido en Londres. Las entrevistas se realizaron en noviembre de 2023 para una tesis de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, centrada en los recursos estatales destinados a traerlo de vuelta.
El escolta, el coronel en retiro Juan Gana Araneda, se encontraba a solas con Pinochet en la London Clinic cuando llegó la policía británica, cerca de la medianoche del 16 de octubre de 1998. En su versión, el exdictador aún sentía los efectos de la anestesia de una operación a la columna y permaneció desorientado durante la primera semana:
—Mi general estaba borrado. En la noche me decía: “Juan, ahí está la Lucía”, porque veía manchas en el techo —declaró.
Gana dijo que no le sorprendió especialmente que Pinochet se pusiera de pie al bajar del avión en el Grupo N° 10 de la Fuerza Aérea de Chile:
—Lo veíamos levantarse constantemente. La prensa, al titular que estaba muy delicado de salud, supuso que iba a llegar en camilla. Hay personas con cáncer que pueden caminar y descompensarse durante la noche. Así que mi general lo que hizo fue tener la actitud de soldado, decir: “Hueón, estoy cagado, pero me pongo de pie”. Para nosotros no tuvo nada de raro; era lo que correspondía. Demostrar cagado, pero firme —reflexionó.
También relató que, mientras estaba en la clínica psiquiátrica Priory, adonde lo trasladaron, Pinochet se levantó de su silla de ruedas para recibir los honores del agregado naval el 25 de noviembre de 1998, día de su cumpleaños y fecha en que los Lores rechazaron concederle inmunidad.
El exescolta mencionó, además, a algunas de las personas que visitaron a Pinochet en Londres: la ex primera ministra británica Margaret Thatcher y los políticos de la Unión Demócrata Independiente Joaquín Lavín, Andrés Chadwick e Iván Moreira.
Por su lado, Pérez de Arce señaló que aguardaba que el Ejército preparara una operación de rescate y que, ante la falta de esta, escribió el libro El rescate de Pinochet. Sobre la administración de Frei, afirmó que actuó con moderación y calificó de “impecable” la conducta del canciller José Miguel Insulza, del Partido Socialista.
En un escrito presentado el 23 de marzo, el Programa de Derechos Humanos acompañó las entrevistas y solicitó que declararan quienes tuvieron a cargo la seguridad de Pinochet en Londres: el jefe de seguridad Humberto Oviedo, su ayudante Enrique Guillefer, el agregado militar Óscar Izurieta Ferrer y los escoltas Juan Gana y Jaime Torres.
La ministra Plaza no llegó a resolver esa petición. El 29 de abril se declaró incompetente para indagar el encubrimiento, pues los hechos ocurrieron después de octubre de 1998 y excedían el período establecido por la Corte Suprema. Por ello, remitió el escrito al 34° Juzgado del Crimen de Santiago, que deberá determinar si cita a los escoltas. Plaza continúa a cargo de la investigación por sustracción de documentos.
