La Corte de Apelaciones de Concepción desestimó el recurso de una compañía de retail y ratificó el fallo que calificó como indebido el despido de una trabajadora por atrasos reiterados. Aunque se constató que incumplió su horario de entrada, el tribunal observó que las tardanzas se produjeron en un lapso acotado y que no se demostraron daños concretos para el empleador que respaldaran el despido.
El fallo se dictó el 28 de octubre por la Segunda Sala de la corte, conformada por los ministros Rodrigo Arnoldo Cortés Gutiérrez y Rodrigo Cerda San Martín, junto con la abogada integrante Lorena Andrea Pérez Obreque, encargada de redactar la resolución.
Con ello, la Corte confirmó lo decidido el 27 de abril por el juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, Eliecer Alfonso Cayul Gallegos, quien determinó que el despido era indebido y dispuso el pago de las indemnizaciones respectivas.
El caso comenzó cuando la empresa puso fin al contrato de una trabajadora que se desempeñaba como asistente de postventa desde octubre de 2021.
La relación laboral terminó el 5 de noviembre de 2025, tras varias llegadas tardías durante septiembre y octubre, que motivaron amonestaciones tanto verbales como escritas, además de nuevos atrasos los días 3, 4 y 5 de noviembre.
La compañía justificó la medida invocando el incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, causal establecida en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo.
El juzgado laboral comprobó que las tardanzas ocurrieron y que significaban un incumplimiento de las obligaciones de la trabajadora, pero estimó que su entidad no bastaba para sustentar el despido.
Los antecedentes examinados por el tribunal laboral
Al analizar el caso, el tribunal observó que los atrasos se concentraron entre septiembre y noviembre de 2025. La trabajadora, en cambio, llevaba cuatro años en la empresa y no se acreditaron otras faltas relevantes durante ese tiempo.
Además, los controles de asistencia indicaban que desde enero de 2024 su puntualidad había sido generalmente regular, con atrasos nulos o breves durante gran parte de ese período. También se constató que con frecuencia extendía su jornada laboral más allá del horario establecido.
En el juicio, la trabajadora admitió que había llegado tarde y que no había entregado justificaciones a la empresa. Explicó, además, que en esa época estaba bajo tratamiento médico y tomaba medicamentos para dormir, lo que le hacía difícil levantarse en la mañana.
El tribunal también consideró que en la empresa existía una práctica habitual de conceder al personal un margen de al menos diez minutos para llegar, pese a que esa tolerancia no estaba formalizada.
En cuanto al impacto de las tardanzas, la empresa afirmó que debió reorganizar a su personal y que recibió reclamos de clientes.
Sin embargo, el tribunal concluyó que esas aseveraciones no contaban con suficiente respaldo probatorio. Consideró especialmente el testimonio de otra trabajadora de postventa, quien indicó que las llegadas tarde no habían interferido con el funcionamiento del área ni con la realización de las tareas asignadas.
Con esos antecedentes, el juez Cayul Gallegos concluyó que, pese a la reiteración del incumplimiento, terminar el contrato fue una medida desproporcionada, tomando en cuenta las circunstancias del caso y las sanciones previstas en el reglamento interno de la compañía.
La Corte de Apelaciones ratifica la decisión
Después de la sentencia de primera instancia, la empresa recurrió de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Sostuvo que las tardanzas configuraban un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.
También impugnó la forma en que se valoraron los testimonios durante el juicio y pidió anular el fallo y rechazar la demanda de la trabajadora.
Sin embargo, la Corte desestimó ambos planteamientos.
En su decisión, la Corte de Apelaciones indicó que el recurso de la empresa no permitía alterar los hechos fijados durante el juicio. Añadió que el juez laboral evaluó correctamente la prueba y expuso las razones que sustentaban su resolución.
Así, quedó vigente el fallo que declaró indebido el despido y ordenó a la empresa pagar $6.884.097: $839.524 por indemnización sustitutiva del aviso previo, $3.358.096 por cuatro años de servicio y $2.686.477 por el recargo legal del 80%.
A esos montos se agregarán los intereses y reajustes que establece la ley.
La resolución determina que, en estas circunstancias, las reiteradas tardanzas sí vulneraron las obligaciones del contrato, pero no fueron suficientemente graves como para justificar el despido.
En esa línea, el fallo plantea que la aplicación de esta causal debe analizarse caso a caso, considerando factores como la repetición de las faltas, los antecedentes de la persona trabajadora, sus efectos para la empresa y la proporcionalidad de la medida adoptada.
