Este jueves 12 de noviembre, 15 días después de que la oposición anunciara la medida, las bancadas opositoras presentaron una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena y la forma en que respondió a las solicitudes de información del Congreso.
La iniciativa se había anunciado el 28 de octubre, luego de una sesión especial de la Cámara dedicada a los beneficios cuestionados.
La acusación fue suscrita por Raúl Leiva (PS), Juan Santana (PS), Jorge Brito (FA), Daniela Serrano (PC), Marcos Barraza (PC), Jorge Diaz (DC), Jaime Araya (IND PPD), Emilia Schneider (FA), Luis Malla (PL) y Javier Muñoz (DC).
Según una minuta de la oposición revisada por La Radio, el libelo invoca la causal de infracción a la Constitución o las leyes, establecida en el artículo 52 N° 2, letra b), de la Carta Fundamental. El proceso podría culminar con la destitución del secretario de Estado si la acusación es aprobada primero en la Cámara y luego en el Senado.
La presentación se produce tras semanas de críticas por las rebajas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y por crímenes de lesa humanidad. En ese periodo, el presidente José Antonio Kast ha seguido respaldando al ministro.
Los tres apartados de la acusación constitucional contra Rabat
Los fundamentos expuestos por la oposición se relacionan con las rebajas concedidas a agresores sexuales de menores, los beneficios otorgados a condenados por delitos de lesa humanidad y posibles incumplimientos al entregar antecedentes para fiscalizar esas determinaciones.
El diputado Raúl Leiva (PS) había señalado que el documento también aborda este último asunto. Explicó que el tercer capítulo se refiere a las obligaciones de los ministros frente a los organismos fiscalizadores.
Antes de presentar la acusación, la oposición también fue consultada por la demora en elaborar el texto. Leiva defendió la labor de los equipos jurídicos:
El parlamentario sostuvo que una acusación de ese tipo requiere trabajo serio y responsable, y no puede improvisarse. También valoró las investigaciones periodísticas y afirmó que estas constituyen una parte importante de los antecedentes del libelo.
Con la presentación, el debate deja atrás los anuncios y entra en la etapa parlamentaria, donde se analizarán tanto los fundamentos de la acusación como los argumentos de defensa del ministro.
Los capítulos de la acusación constitucional contra el ministro Rabat
Capítulo I:
Beneficios que la ley impedía conceder
El primer apartado se refiere a 56 reducciones de condena concedidas por el Ministerio entre junio y septiembre a personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra menores. La minuta señala que la Ley N° 21.421, de 2022, las excluye expresamente de este beneficio. También identifica 22 decretos divulgados por la prensa y afirma que ninguno fue dictado por instrucción de un tribunal en la causa correspondiente.
El texto acusa al ministro de otorgar esas rebajas pese a la prohibición expresa contenida en el artículo 17, letra e), de la Ley N° 19.856, modificada por la Ley N° 21.421. Añade que la normativa establece que esos beneficios no pueden concederse en ningún caso para tales delitos y que el reglamento contempla emitir un decreto de rechazo cuando se configura esa causal.
La minuta también sostiene que el ministro ignoró el principio del interés superior del niño. Indica que la Constitución, en su artículo 5°, inciso segundo, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 21.430 exigen darle prioridad. El documento afirma que los decretos no contienen una evaluación de ese principio y que no hay constancia de que las víctimas fueran oídas o informadas.
El libelo acusa además al ministro de abuso de poder por extender como criterio general fallos favorables a algunos condenados, pese a que las sentencias solo tienen efecto en los casos que resuelven. Según la acusación, justificó su decisión en la eficiencia y en evitar que los asuntos llegaran a tribunales. También le reprocha intervenir en causas pendientes e incumplir la ley al paralizar la tramitación de las postulaciones.
Capítulo II:
Tres exagentes de la dictadura quedaron en libertad
El segundo apartado examina la reducción de las condenas de tres exagentes estatales sentenciados por delitos de lesa humanidad. De acuerdo con la minuta, el Ministerio se limitó a aplicar la Ley N° 19.856 y omitió el análisis individual que, según la Constitución y los tratados, debía considerar si los condenados colaboraron con la justicia, reconocieron los hechos, contribuyeron a reparar a las víctimas y qué consecuencias tendría su liberación para ellas. Uno de los beneficiados recibió una condena por secuestrar a cinco personas que permanecen desaparecidas.
El documento indica que los decretos señalan que el Ministerio no puede rechazar el beneficio basándose en la gravedad del delito. En contraste, recuerda que la Comisión Interamericana solicitó a Chile actuar precisamente en sentido contrario. La minuta también acusa al ministro de apartarse, sin explicación, del criterio que el propio Ministerio había seguido: en 2025 rechazó solicitudes de coautores del mismo crimen, con una decisión respaldada por la Corte Suprema, pero en 2026 Rabat concedió la rebaja.
La minuta plantea que el ministro sí tenía atribuciones para resolver de otra manera. Sostiene que la ley le encomienda conceder o denegar el beneficio, que la normativa orgánica de su cartera le exige revisar la legislación conforme al derecho internacional de los derechos humanos y que el Ministerio ya había rechazado esas rebajas en 2025.
El texto advierte que la reducción no puede revertirse y que los tres condenados ya están libres. Añade que disminuir nuevamente estas penas podría generar otra responsabilidad internacional para el Estado y afectar a las familias de personas desaparecidas. También recalca que la decisión fue adoptada por la cartera responsable de proteger los derechos humanos.
Capítulo III:
Los antecedentes entregados al Congreso
El tercer capítulo aborda la información proporcionada por el ministro al Congreso. La minuta señala que, ante la Comisión de Constitución del Senado el 27 de octubre y la Sala de la Cámara el día 28, Rabat sostuvo que su cartera se limitaba a formalizar las decisiones de las comisiones de reducción de condenas y que la Corte Suprema la obligaba a hacerlo. Además, presentó un decreto de la administración anterior que, según el documento, no era equivalente a los casos en discusión.
El libelo considera que esa conducta vulneró el principio de probidad. Para fundamentarlo, cita el artículo 8° de la Constitución, que exige su cumplimiento estricto, y el artículo 52 de la Ley N° 18.575, que establece el deber de ejercer el cargo con honestidad y lealtad. La minuta sostiene que un ministro no actúa honestamente si entrega información falsa o incompleta a otro poder del Estado.
El documento acusa al ministro de faltar a la verdad ante el organismo encargado de fiscalizarlo, durante sesiones televisadas. Añade que algunos parlamentarios difundieron el decreto de 2025 como si la víctima fuera una niña, pese a que Rabat sabía que los casos no eran comparables: su Ministerio había litigado esos recursos de amparo y conservaba el decreto en sus archivos. La minuta revisada por este medio afirma que el ministro no rectificó ni corrigió esos antecedentes.
La acusación constitucional se presenta luego de que el presidente José Antonio Kast admitiera el 26 de octubre que la rebaja de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores había sido un error de su propio gobierno. Aun así, mantuvo a Rabat en el cargo y le pidió proponer medidas y soluciones.
El 28 de octubre, la Cámara aprobó una resolución en la que solicita al Presidente la salida del ministro y de los dos subsecretarios. Por su parte, el vocero Gonzalo Arenas llamó a los partidos oficialistas a no respaldar la acusación.
