La diputada Lilian Betancurt (PDG), quien representa al Distrito 21 de la región del Biobío, ingresó una iniciativa legal para elevar las sanciones por vender productos de tabaco y dispositivos de vapeo a menores de edad. La propuesta contempla modificar la Ley N° 19.419.
La iniciativa busca reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes y subir las multas aplicables a quienes vendan, ofrezcan, distribuyan o entreguen cigarrillos, vapeadores, sistemas electrónicos con o sin nicotina y sus accesorios a menores de 18 años.
El proyecto propone aumentar las multas generales de 3 a 50 UTM a un tramo de 20 a 150 UTM. Para infractores vinculados a la industria, las sanciones pasarían de 30 a 300 UTM a entre 101 y 500 UTM.
Betancurt afirmó que “no podemos permitir que la venta de cigarrillos y vapeadores a menores siga recibiendo sanciones que no dan cuenta de la gravedad de esta conducta. Está en juego la salud de niños y adolescentes, por lo que se requiere una legislación más estricta y eficaz”.
La propuesta también busca disponer el cierre de los establecimientos que reincidan. Actualmente, la autoridad sanitaria puede decidir clausurar estos locales durante 15 días.
Según la modificación planteada por Betancurt, los establecimientos que vuelvan a cometer la infracción deberán ser clausurados por un período de entre 15 y 30 días.
“Las multas no bastan si los establecimientos pueden continuar abiertos y vendiendo estos productos (…). Por eso proponemos que la clausura sea obligatoria cuando haya reincidencia”, señaló.
Aplicar a los cigarrillos el mismo procedimiento que al alcohol
Aunque la venta a menores está prohibida, la legislación no obliga actualmente a los trabajadores de los distintos establecimientos a solicitar la cédula de identidad. A juicio de Betancurt, esa norma también debe modificarse.
“Prohibir la venta a menores no es suficiente si cada vendedor decide si verifica o no la edad de quien compra. Debemos eliminar esas brechas y fijar deberes claros para quienes venden estos productos. La protección de los niños no puede quedar sujeta a la voluntad de cada comerciante”, concluyó.
