La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), informó que la iniciativa que incorpora el acuerdo entre el Gobierno y los camioneros para reducir el precio de los combustibles podría quedar despachada como ley a más tardar el martes.
La senadora se refirió al avance del pacto alcanzado por el Ejecutivo con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC) luego de asistir este sábado al Encuentro Nacional de Renovación Nacional, en Santiago.
“Acordamos los plazos y coordinamos el trabajo con la mesa de la Cámara. El lunes (…) sesionaremos de inmediato, con el objetivo de despacharlo a ley el martes, o incluso el mismo lunes“, indicó.
Frente a la opción de extender las medidas a otros rubros del transporte, Núñez planteó que primero se debe aprobar el acuerdo ya logrado y, después, analizar eventuales ayudas complementarias.
“Quienes consideran que se debería hacer un esfuerzo mayor, revisar el acuerdo o sumar a otros tipos de transporte tienen un punto; pero lo primero es aprobar esta medida, que es lo mínimo”, afirmó.
La titular del Senado recalcó que el Congreso es el lugar donde corresponde debatir una posible ampliación de las medidas que sean competencia del Ejecutivo.
RN pide apoyo para el acuerdo sobre combustibles
Durante la misma actividad, la presidenta de RN, Andrea Balladares, instó a las distintas fuerzas políticas a apoyar la propuesta y defendió las decisiones del Gobierno frente al alza de los combustibles.
A su juicio, las medidas que el presidente José Antonio Kast adoptó en marzo contribuyeron a ordenar las finanzas fiscales y a liberar recursos para hacer frente a la situación actual.
“Espero que la oposición participe y respalde la iniciativa, porque responde a lo que necesitan hoy los transportistas y representa el esfuerzo del Gobierno para afrontar una situación muy compleja para todo el país”, manifestó.
Acusación constitucional contra Rabat
Balladares abordó además la acusación constitucional presentada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica por las rebajas de condenas en causas de delitos sexuales, que llevó a la salida del exsubsecretario Luis Silva.
“Cada acusación debe analizarse según sus fundamentos (…). No corresponde convertirlas en instrumentos para obtener réditos políticos; una herramienta tan relevante como la acusación constitucional no debe usarse para perjudicar al Gobierno ni para marcar una posición política”, sostuvo.
La diputada Ximena Ossandón (RN), en tanto, señaló que estas acciones deben rechazarse si no hay una infracción constitucional, sin importar cuán populares sean.
Ante la posibilidad de que su partido vote unido, dijo que preferiría que hubiera una postura compartida, aunque subrayó que cualquier decisión debe acordarse con el equipo.
También pidió proteger la autonomía de los poderes del Estado frente a la acusación contra Rabat y a otra que, según señaló, se estaría preparando contra ministros de la Corte Suprema. “Resultaría extraño que un diputado apoyara una y rechazara la otra; la ciudadanía no lo comprendería”, concluyó.
