La urgencia de volver a poner el empleo y la seguridad en el centro generó distintas reflexiones dentro del oficialismo sobre la dirección del llamado “Gobierno de Emergencia” del presidente José Antonio Kast, tras el paro de los camioneros y mientras avanza la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Aunque La Moneda logró poner fin a la movilización de los transportistas, el caso de Rabat sigue siendo un foco de tensión política. En paralelo, el Ejecutivo intenta cumplir las prioridades que anunció al iniciar su mandato.
En este contexto, la diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón destacó que el Gobierno debe retomar su agenda de emergencia.
“Es posible atender ambas cosas al mismo tiempo, y es fundamental que el Gobierno vuelva a enfocarse en la agenda de emergencia, porque el desempleo y la seguridad son los dos temas que más preocupan a los chilenos”.
Aun así, hay quienes consideran que el Ejecutivo no se ha apartado de su curso. El diputado republicano Agustín Romero respaldó la labor del presidente y afirmó que la agenda de emergencia sigue adelante, aunque recalcó que la ciudadanía debe notar sus beneficios.
“El Gobierno no ha interrumpido su agenda de emergencia en ningún momento; más que construir relatos, lo fundamental es que las personas perciban esos beneficios”.
La seguridad es uno de los frentes en que el Ejecutivo busca exhibir avances. De acuerdo con el informe oficial con datos al 1 de noviembre, el número de víctimas de homicidio cayó un 16,9% frente al mismo período de 2025: de 922 a 766.
Sin embargo, esos datos se conocen en medio de una agenda política atravesada por polémicas y de dificultades que aún persisten en la economía.
El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el desempleo llegó al 9,8% durante el trimestre julio-septiembre, lo que reabrió el debate sobre cómo promover la contratación y el crecimiento.
Ante este panorama, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que el Gobierno ya está poniendo en marcha sus medidas, aunque advirtió que los resultados no se verán de inmediato.
“A mi juicio, se están tomando las medidas. La situación no mejora de un día para otro: lo esencial es avanzar por la ruta correcta, porque los resultados aparecen gradualmente. Pienso que comenzarán a notarse el próximo año”.
También está sobre la mesa la posibilidad de indultar a uniformados condenados por hechos asociados al estallido social. El tema plantea nuevas interrogantes sobre las prioridades del Ejecutivo y los vínculos con los partidos que lo apoyan.
Mientras tanto, la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat sigue avanzando en el Congreso, en un contexto que también incluye las controversias sobre posibles indultos a exuniformados condenados por hechos relacionados con el estallido social.
