Alemania y otros cuatro países europeos planean enviar en el futuro a solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas a centros de deportación en Ruanda. La idea de alojar a refugiados fuera de la Unión Europea ya se ha intentado antes.
Estas instalaciones son objeto de controversia jurídica, tienen un alto costo y suscitan fuertes discusiones. Desde hace años, Bruselas debate la posibilidad de establecer centros de deportación para solicitantes de asilo rechazados fuera de la Unión Europea (UE). Los proyectos previos se han visto frustrados repetidamente por impedimentos legales, cambios de gobierno o gastos descomunales. Ahora, cinco países de la UE —Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca y Países Bajos— consideran que podrían haber encontrado una forma de sortear esos obstáculos.
Ruanda podría albergar el primer centro de deportación fuera de la UE, cuya puesta en marcha está prevista para 2027. El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, afirmó que las conversaciones con ese país africano son las que han avanzado más.
Entre los precedentes más destacados de propuestas parecidas se encuentran los siguientes:
El plan británico para Ruanda (2022-2024)
Durante los gobiernos conservadores de Boris Johnson y Rishi Sunak, el Reino Unido buscó enviar de forma permanente a Ruanda a personas que entraran irregularmente por el canal de la Mancha, para que sus solicitudes de asilo fueran procesadas en ese país.
Sin embargo, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan. Su fallo señaló que no se había probado que Ruanda fuera un tercer país seguro y que existía el peligro de que los refugiados fueran enviados a sus países de origen, donde podían ser perseguidos.
Después de que el Partido Laborista ganara las elecciones en julio de 2024, el primer ministro Keir Starmer dio por terminado oficialmente el proyecto, al que calificó de "muerto y enterrado".
El plan italiano en Albania (desde 2024)
El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni llegó a un acuerdo con Albania para trasladar a centros construidos allí y gestionados por Italia a migrantes interceptados en el Mediterráneo. En esas instalaciones se llevarían a cabo procedimientos de asilo acelerados.
Sin embargo, poco después de que abrieran los centros, los tribunales italianos impidieron que los migrantes fueran alojados en ellos. Los jueces sostuvieron que algunos países de origen de las personas trasladadas a Albania, entre ellos Bangladés y Egipto, no podían considerarse "seguros" de forma generalizada.
Las iniciativas unilaterales de Dinamarca (2021-2023)
Dinamarca aprobó en 2021 una ley que permitía trasladar a solicitantes de asilo a países no pertenecientes a la UE. El gobierno de Copenhague negoció intensamente con Ruanda para instalar allí un centro de acogida propio.
La propuesta recibió duras críticas de la Comisión Europea y de organizaciones de derechos humanos. A principios de 2023, el gobierno danés detuvo las conversaciones con Ruanda.
La experiencia dejó en evidencia que poner en marcha un proyecto de estas características de forma unilateral era casi imposible tanto desde el punto de vista legal como logístico.
Un marco legal renovado
Con la legislación previa de la UE, las deportaciones a terceros países a menudo se frustraban porque los tribunales exigían que el migrante tuviera algún vínculo personal con el destino, por ejemplo, que hablara su idioma, tuviera familiares viviendo allí o hubiera estado antes en ese territorio.
En contraste, una modificación de las normas europeas de asilo permite enviar a personas que deben abandonar la UE a países en los que nunca han estado, siempre que haya un acuerdo con ese tercer Estado.
El Reglamento de Retorno de la UE constituye otro pilar de este nuevo esfuerzo conjunto. Fue acordado políticamente en junio de 2026 y recibió la aprobación del Parlamento Europeo, aunque aún falta que el Consejo lo adopte formalmente.
En vez de ser una directiva, como la normativa anterior, la nueva disposición es un reglamento de la UE. Esto significa que rige directamente en todos los países participantes de la Unión Europea y establece, por primera vez, un marco legal común para estos centros de retorno.
¿Controles insuficientes y costos desmesurados?
Quienes respaldan la propuesta esperan que el modelo permita superar los argumentos legales de las demandas por vulneraciones de derechos humanos vinculadas a la protección permanente de los solicitantes de asilo.
En cambio, organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional alertan de riesgos importantes. Ponen en duda que los centros puedan asegurar controles independientes, asistencia jurídica efectiva y atención médica adecuadas. También advierten que los terceros países podrían expulsar a las personas hacia sus lugares de origen, donde estarían en peligro, sin evaluar debidamente sus situaciones.
La experiencia de proyectos anteriores también muestra que construir y supervisar estos centros, además de trasladar a las personas, puede costar cientos de millones de euros. Se trata de una inversión considerable que, al final, podría traducirse en el retorno de apenas un número limitado de personas.





