El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, nombró al abogado Juan Ignacio Piña para que lo represente frente a la acusación constitucional presentada en su contra.
Piña ha desarrollado una carrera vinculada al derecho y al servicio público. Entre sus cargos más relevantes figura la presidencia del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que ocupó desde el 11 de marzo de 2014 hasta el 11 de marzo de 2017.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio a conocer su designación y resaltó tanto su experiencia en organismos judiciales internacionales como su carrera en la academia.
Antes de asumir al frente del CDE, Piña fue subsecretario de Justicia entre enero de 2013 y marzo de 2014, durante el primer mandato de Sebastián Piñera. Más tarde, lideró la institución por tres años, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Su labor en el sector público también incluye la defensa de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso Silala. Tras ser designado por la entonces presidenta Bachelet, formó parte del equipo jurídico nacional como coagente entre junio de 2016 y julio de 2019.
Piña obtuvo el título de abogado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde además es profesor de la Facultad de Derecho. También realizó un doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra, España, y ha trabajado como docente e investigador en derecho penal y derecho público, en Chile y otros países.
Es relevante señalar que Juan Ignacio Piña ya ha representado a una autoridad de gobierno ante una acusación constitucional. En octubre de 2024 fue nombrado abogado de la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, frente a la acusación impulsada por el Partido Republicano.
El libelo constitucional contra Rabat
La elección de su representante legal se produce mientras sigue avanzando la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, cuyo texto está dividido en tres capítulos.
Los capítulos se refieren a las reducciones de condena para responsables de delitos sexuales contra menores, los beneficios otorgados a condenados por crímenes de lesa humanidad y eventuales incumplimientos vinculados a la entrega de información para fiscalizar esas decisiones.
También este lunes se constituyó la comisión encargada de revisar la acusación. La integran los diputados opositores Lorena Pizarro (PC), Raúl Soto (PPD) y Lorena Fries (FA), además de Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL).
El grupo examinará los antecedentes y los argumentos de defensa del ministro, y luego elaborará un informe con sus conclusiones. La decisión final sobre el paso de la acusación al Senado corresponderá a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.




