La Fiscalía Regional de Valparaíso comenzó la cuenta regresiva para elegir a quien estará al mando desde fines de diciembre, en un contexto de investigaciones de alto impacto y críticas a sus cifras de gestión.
El tribunal preparará una terna para enviarla al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien decidirá el nombramiento. Claudia Perivancich finalizará su periodo el 29 de diciembre.
Entre los candidatos están Pablo Bravo, fiscal de Quintero; Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota; Samuel Núñez, fiscal jefe de Casablanca; Fred Silva, fiscal adjunto de San Antonio; Osvaldo Basso, fiscal jefe de Villa Alemana; María José Lecaros, abogada asesora en Responsabilidad Penal Adolescente; Gonzalo Marks, jefe de la Unidad de Atención a Víctimas; Elizardo Tapia, fiscal jefe de Valparaíso; José Antonio Uribe, coordinador ECOH; y Víctor Núñez, fiscal metropolitano Sur.
La selección comenzó con la exclusión de cinco postulantes, decisión que cuatro de ellos lograron revertir. El caso de Greta Fuchslocher, fiscal adjunta de Valparaíso, continuó por una vía judicial distinta.
Su defensa presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de La Serena, impugnando que su candidatura se considerara incompatible porque está casada con Guillermo Sánchez, fiscal jefe de Limache.
El abogado Sebastián Gómez indicó que se rechazó la orden de no innovar solicitada, de modo que la presentación de los candidatos se realizó este lunes. El recurso continuará su curso: la Corte de Valparaíso deberá emitir un informe y, posteriormente, la Corte de La Serena resolverá el asunto de fondo.
“Hemos sostenido que una incompatibilidad para ejercer un cargo se transformó en una prohibición para postular a él, algo que, a nuestro entender, excede lo previsto en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público”, afirmó.
Fred Silva, uno de los postulantes, sostuvo que la próxima autoridad debería examinar las investigaciones pendientes y determinar prontamente cuáles necesitan nuevas diligencias y cuáles están en condiciones de llegar a los tribunales.
“Si llegara a ser fiscal regional, revisaría cada causa y decidiría con rapidez si hay que completar antecedentes pendientes, evaluar formalizaciones o descartar algunas investigaciones”, señaló.
Pablo Bravo, fiscal de Quintero y uno de los primeros persecutores de la reforma procesal penal, destacó la importancia de contar con experiencia investigativa y habilidades de gestión. Consideró que la Fiscalía atraviesa una situación difícil y requiere una jefatura que pueda dirigir equipos y establecer prioridades.
“La realidad es compleja, por lo que se necesita no solo un fiscal con experiencia en investigación penal, sino también alguien con capacidades de gestión y manejo de equipos, algo fundamental. La ley debe aplicarse por igual a todos, sin que nadie esté por encima de ella”, planteó.
Perivancich defendió sus indicadores frente a ese diagnóstico. La fiscal regional reconoció que en octubre una de las metas registraba un cumplimiento de 17%, aunque recalcó que se trataba de una medición parcial y que la evaluación final correspondía a fines de diciembre.
También señaló que Valparaíso lideraba en términos por juicio oral: entre 2019 y 2026 registró 11.477, en comparación con un promedio nacional de 3.665. Añadió que, hasta octubre de este año, la región contabilizaba 1.232 casos concluidos mediante esa vía, mientras que la siguiente sumaba 732.
“Es la región con el indicador más alto de términos en juicio oral, que representa la forma de conclusión de mayor calidad en el sistema penal”, sostuvo.
La gestión de Perivancich también fue cuestionada públicamente por el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien criticó la investigación en su contra y afirmó que se habían gastado 50 mil millones de pesos en perseguirlo, aunque finalmente fue absuelto. El monto es una estimación suya, no un gasto institucional comprobado.
“Se botaron 50 mil millones de pesos de Valparaíso para perseguirme y al final fui declarado inocente. Los jueces señalaron a esa Fiscalía que actuó fuera del derecho. La sentencia, que estoy leyendo, reprochó a esa fiscal la falta de rigor y la presentación deficiente de pruebas”, dijo.
La elección de sucesor también coincide con causas que aún esperan una resolución. Una de ellas es el caso SQM, cuyo recurso de nulidad sigue en análisis tras la absolución pronunciada en el juicio.
Si el fallo no se emite antes de que termine el periodo de Perivancich, el caso podría quedar en manos de su sucesor.
A estas tareas se agregan las investigaciones sobre posibles gestiones para incidir en nombramientos del Poder Judicial, dentro de las aristas surgidas del caso Audio y de las actuaciones atribuidas a Luis Hermosilla y otros involucrados.
En el ámbito judicial, a la Fiscalía Regional se le ha llamado “la sepulturera”, una expresión crítica asociada a la impresión de que investigaciones de gran repercusión no han avanzado como se esperaba.
La persona que asuma deberá dirigir una fiscalía con una extensa carga territorial, hacerse cargo de sus indicadores y dar continuidad a investigaciones complejas, mientras la opinión pública observa de cerca la labor de persecución penal.





