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Los primeros 100 días de De La Espriella: terremoto, dudas sobre las ayudas y una ola terrorista

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Escrito por:BIOBIA
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La información es de:France 24Medio de comunicación público francés en convenio de colaboración con BioBioChile.

Este domingo 15 de noviembre, Abelardo de la Espriella llega a sus primeros 100 días al frente de Colombia en un contexto de violencia, marcado por una nueva serie de atentados, el lento proceso de reconstrucción tras el terremoto de agosto y cuestionamientos sobre el manejo de millonarias ayudas destinadas a las víctimas. Al mismo tiempo, la oposición que Gustavo Petro anunció que lideraría pierde fuerza en medio de escándalos por presunta corrupción que involucran al exmandatario de izquierda.

El Gobierno de derecha, que asumió el 7 de agosto, tenía previsto presentar un balance bajo el lema "100 días + de 100 milagros”.

De la Espriella completa este domingo 15 de noviembre sus primeros 100 días como presidente de Colombia, un país atravesado por el conflicto armado. Su gestión transcurre en medio de una combinación de crisis: una serie de atentados, las secuelas de un terremoto que aún mantienen devastadas y desatendidas a algunas zonas, y una oposición cada vez menos influyente, afectada por señalamientos de corrupción.

Desde finales de octubre, varios ataques con explosivos y drones en Tolima, Huila, Cauca y Norte de Santander causaron la muerte de civiles, policías y soldados. El presidente lanzó una dura advertencia a los grupos armados: "Por cada atentado, un bombardeo".

La seguridad ocupó el primer lugar entre las promesas de campaña del abogado y empresario, quien llegó a la Casa de Nariño sin experiencia previa en cargos públicos. Sin embargo, su agenda quedó opacada cuando, apenas tres días después de su posesión, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el país y obligó a cambiar las prioridades.

A estos desafíos se añade la presencia de su antecesor, Gustavo Petro, que lidera la oposición mientras afronta denuncias relacionadas con su gobierno, actualmente bajo investigación de la Fiscalía.

Ante este escenario, María Margarita Zuleta, abogada y viceministra de Justicia durante la administración del derechista Álvaro Uribe, estima que es difícil evaluar el desempeño del presidente. "No veo tan fácil ponerle una nota", declaró a France 24 en Español.

Por su parte, la ONG Fundación Paz y Reconciliación (Pares) presentó el siguiente balance:

Los grupos armados "miden fuerzas" con De la Espriella

Zuleta, quien cuestiona la política de seguridad aplicada por Petro, considera que el aumento de la violencia era previsible.

La estrategia de Petro para negociar con los grupos armados, conocida como la “Paz Total”, dio paso a una nueva ley de sometimiento, que contempla reducciones de pena para quienes se entreguen a la Justicia. "Estos grupos, que duraron cuatro años fortaleciéndose, están midiendo fuerzas", afirma.

Pares contabilizó 111 acciones armadas concentradas en Cauca, Nariño, Antioquia y Norte de Santander, en las que 106 integrantes de la Fuerza Pública resultaron heridos o muertos.

"Es el tercer pico mensual más alto desde 2022", señaló a France 24 en Español Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). "Estamos viendo una ofensiva de los grupos armados hacia la Fuerza Pública".

Las cifras del Ministerio de Defensa muestran que, entre el 7 de agosto y el 21 de octubre, los secuestros aumentaron de 54 a 84 y los casos de extorsión, de 2.437 a 2.571, frente al mismo lapso de 2022, cuando Petro iniciaba su mandato.

"En materia de seguridad, las cifras contrastan entre la presentación publicitaria de resultados operacionales y la ausencia de estrategia de seguridad, contención o atención humanitaria de la emergencia de las regiones que viven hoy las consecuencias de una tendencia ya advertida de incremento de acciones terroristas y atentados a la fuerza pública de grupos armados ilegales", advierte Pares.

Bonilla señala, por ejemplo, que las capturas realizadas en agosto y septiembre estuvieron por debajo del promedio mensual de enero a julio, de cerca de 18.670. También disminuyeron las incautaciones de cocaína, base de coca y marihuana.

“Hay algo muy performativo del gobierno frente al narcotráfico”, afirma. Además, critica los grandes operativos urbanos, que, según ella, “golpean eslabones muy bajos de la cadena”.

En su informe ‘Más allá del relato, ¿Qué ha ocurrido en los primeros 100 días de De la Espriella?’, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sostiene que, aunque la seguridad ocupa un lugar central en la agenda gubernamental, todavía no existe "una estrategia capaz de traducir los operativos en una reducción del poder de los grupos armados". La organización añade que "el protagonismo que ha asumido el presidente en la comunicación de los resultados también debe ser revisado".

Zuleta, por su parte, explica que los grupos armados actúan con mucha más rapidez que el Ejército. “Cuando el Ejército dice ‘aquí estoy’, ellos pueden tener fuerza muy rápido en otros lugares”, señala.

El uso de drones representa otro factor. La FIP reportó 351 ataques con drones entre enero y el 2 de noviembre, y agosto, el mes en que De la Espriella asumió el cargo, registró un máximo de 56.

La exviceministra de Justicia considera que el terremoto restó al presidente días que había previsto dedicar al trabajo con la Fuerza Pública. A su juicio, “los aprovecha muy bien una organización criminal”.

El terremoto y la reconstrucción

El sismo del 10 de agosto afectó, entre otras zonas, a Chocó, Pereira, Manizales y Cali. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que el desastre causó 335 muertos, 4.516 heridos y 103 desaparecidos, además de daños en 500 municipios de 16 departamentos.

Las dos analistas consideran que la reacción inicial ante la emergencia fue positiva. "Fue muy inteligente en hacer presencia en todos lados muy rápidamente", comentó Zuleta.

Bonilla también calificó de adecuada la respuesta inmediata. "Sin embargo, todo lo que hizo el gobierno de no tener un empalme, de no contar con información suficiente, pues ya a tres meses de la tragedia le está costando muchísimo. Esta es la hora en que no se sabe realmente cuánto dinero hay en el Fondo Milagro, cómo se va a ejecutar", agregó.

El Ejecutivo decretó la emergencia económica y estableció el Fondo Milagro para costear la reconstrucción. La Corte Constitucional confirmó la emergencia el 11 de noviembre, aunque fijó restricciones y prohibió destinar esos recursos a cubrir el déficit fiscal.

Ese día, Jaime Andrés Uribe, entonces gerente del fondo, no asistió a una sesión de control político en el Congreso, donde debía responder por su gestión. El medio colombiano ‘Cambio’ informó que, en ese momento, acompañaba al presidente en una entrega de viviendas en Roldanillo.

¿Qué pasa con las ayudas y las donaciones?

"Cabe mencionar que medios de comunicación local han sostenido que las ayudas anunciadas por el Gobierno nacional no han llegado a todas las víctimas, e incluso, algunas acciones han sido tardías", señala el balance de Pares.

En un informe presentado el 11 de noviembre, Jaime Andrés Uribe —quien renunció esta semana tras la polémica por los elevados salarios en la entidad— reconoció que el fondo bajo su administración solo había avanzado en preparar contratos por 7.440 millones de pesos (2,2 millones de dólares), equivalentes al 1,2% de los recursos disponibles. También indicó que no se habían recibido donaciones.

La subdirectora de Pares cuestiona la estrategia comunicativa del presidente, que describe como “no hablar con la prensa” y limitarse a publicar “videos de resultados”. “Eso no le va a salir bien, al menos no en Colombia”, advirtió.

Zuleta relaciona el ritmo lento de la reconstrucción con la falta de experiencia: "La curva de aprendizaje de cualquier gobierno siempre es empinada, pero en este caso, al no tener expertos en gestión pública, puede haber generado problemas adicionales". También advierte sobre las consecuencias políticas:

Por otro lado, la primera dama, Ana Lucía Pineda, ha sido cuestionada por su gestión en respuesta a los daños del terremoto. A comienzos de noviembre, un juez le ordenó publicar en un plazo de 48 horas un desglose de las donaciones recibidas por su fundación para ayudar a las víctimas.

Críticos y algunos medios sostuvieron que la fundación y la primera dama no habían cumplido plenamente con los requerimientos de la decisión judicial. También subrayaron que, tres meses después del sismo, las ayudas aún no llegaban de manera efectiva a las zonas más golpeadas.

En una entrevista con el canal regional ‘Telecaribe’, Pineda afirmó que los recursos no se gastaron "porque las ayudas humanitarias fueron suficientes" y que el dinero se emplearía durante la reconstrucción. El 31 de octubre, además, inauguró unas vallas en un municipio de Caldas, en el oeste del país, pero no entregó viviendas ni ayudas, una acción que provocó críticas.

La sombra de Petro

Pocas semanas después de dejar la Presidencia, Petro puso en marcha un “Gabinete por la Vida” para vigilar y ejercer control político sobre el nuevo gobierno. Junto al senador Iván Cepeda, también hizo uso del derecho a réplica frente a los discursos presidenciales. Además, su partido, el Pacto Histórico, convocó otra protesta para el 24 de noviembre.

Su imagen, sin embargo, se vio afectada por un escándalo. El 4 de noviembre, Deicy Jiménez, quien lo acusa de haberle conseguido contratos estatales a cambio de favores sexuales, publicó un video en el que aparece con el expresidente.

Petro negó haber condicionado la adjudicación de contratos públicos a favores sexuales y denunció un intento de “destruirlo moralmente”. La Fiscalía inició investigaciones y dos congresistas presentaron una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara, instancia responsable de investigar a los expresidentes.

Zuleta considera que el episodio representa un segundo golpe. "Lo que ha pasado con Petro afecta a la política en términos generales, porque hace que la gente se hastíe", afirma. "La persona a la que no le interesa la política dice que todo es un horror, y eso le hace daño a todos los políticos".

En su opinión, Petro ya no funciona como adversario político de De la Espriella. "El desprestigio de Petro en el centro y en la derecha es tan grande en este momento que no creo que lo que dice esté haciendo mella", sostiene.

Por ello, percibe que el presidente ha modificado su discurso: "Su discurso está siendo mucho menos polarizante de lo que me imaginé. Termina siendo cómo recuperar la seguridad de nuevo, cómo tener presencia en el territorio, cómo lograr la reconstrucción".

"Es una escena judicial penal por delitos que no tienen ninguna relación con la política", señala. A la vez, anticipa repercusiones para la izquierda: "Sin lugar a dudas, genera problemas para el Pacto Histórico y para la legitimidad de Petro como actor político".

Impuestos y batalla cultural

Sobre la economía, Zuleta afirma que el panorama fiscal fue "mucho más grave de lo que nos imaginábamos todos". "Se necesita plata para la reconstrucción, para restablecer el sistema de salud, para que las Fuerzas Armadas funcionen, y lo que no hay es plata", resume.

Para atender el déficit, el Gobierno presentó una ley de rescate fiscal que, de acuerdo con Bonilla, va en contra de uno de sus compromisos de campaña.

"El Gobierno había prometido que no iba a incrementar los impuestos y que iba a ahorrar con recorte estatal", recuerda. "El recorte es muy pequeño en comparación con lo que había prometido".

Según Bonilla, la propuesta incumple principalmente la promesa de no aumentar los impuestos, en especial los aplicados a productos de la canasta familiar, y provocó "mucho ruido, incluso frente a sus propias bases". Zuleta, por el contrario, destaca que el debate de la ley se está llevando a cabo "con mucha más técnica" que en la etapa final del gobierno anterior.

La llamada batalla cultural también ha suscitado controversia. Entre las decisiones del Ejecutivo estuvo ordenar retirar 47 obras del Museo Nacional.

Bonilla la describe como "una batalla cultural importada", inspirada en Estados Unidos y Argentina, y "completamente desalineada con las preocupaciones de los colombianos de a pie". "De ninguna encuesta sale que la batalla cultural sea una preocupación de los colombianos", asegura. "Al gobierno le está quitando mucha más energía de la que está poniendo".

La imagen del mandatario también divide a la opinión pública. "Hay gente que dice que no debería vestirse de camuflaje, que no debería tener arma al cinto, y otros a los que eso les gusta", comenta Zuleta. "Ahí la opinión está muy dividida".