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La CIJ determina si Birmania cometió genocidio contra los rohinyás, en un fallo relevante para otros casos como Gaza

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Escrito por:Bárbara HaasPeriodista Radio Bío Bío
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La información es de:Agencia EFEAgencia española de noticias

Este jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá su fallo sobre la denuncia contra Myanmar (Birmania) por supuestas infracciones de la Convención contra el Genocidio, una causa que pretende determinar si el Estado birmano es responsable de las atrocidades perpetradas contra la minoría musulmana rohinyá. La resolución podría ser decisiva para procesos como el de Gaza.

La sentencia, que no admite apelación, se dará a conocer a las 10.00 horas (06:00 en Chile) en el Palacio de la Paz, en La Haya. Su alcance podría repercutir en otros casos de genocidio, incluido el iniciado contra Israel por su más reciente ofensiva militar en Gaza.

Marieke de Hoon, especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Ámsterdam, explica a EFE que los jueces deberán analizar tanto si hubo genocidio como si Myanmar faltó a sus deberes de prevenirlo, investigar lo ocurrido y sancionar a los responsables. Para resolverlo, será esencial establecer si existió intención genocida.

“La Corte dispone de pocas ocasiones para precisar el sentido de los términos empleados en la Convención contra el Genocidio”, añadió De Hoon al referirse a la importancia del fallo.

La demanda de Gambia

En 2017, más de 700.000 rohinyás escaparon hacia Bangladés después de que el Ejército de Myanmar lanzara una operación en el estado de Rakáin. La ofensiva estuvo acompañada de denuncias de asesinatos, violaciones, aldeas incendiadas y desplazamientos forzados a gran escala.

Durante décadas, esta comunidad musulmana ha enfrentado discriminación y restricciones de sus derechos, además de no ser reconocida como ciudadana por las autoridades birmanas.

Gambia llevó el caso ante la CIJ en 2019, respaldada por la Organización de Cooperación Islámica. Posteriormente, otros once países participaron en el proceso.

El propósito de la causa no es procesar penalmente a militares ni a líderes específicos, sino establecer si Myanmar, en su calidad de Estado, incumplió sus obligaciones de prevenir y sancionar el genocidio.

“Hablamos de personas y relatos reales, de un grupo humano concreto: los rohinyá de Myanmar. Han sido víctimas de un intento de exterminio”, afirmó en enero el ministro de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, al comenzar las audiencias.

Gambia sostuvo que las pruebas acreditan la intención de destruir, total o parcialmente, a los rohinyás. También presentó testimonios de sobrevivientes, quienes declararon a puerta cerrada por motivos de seguridad.

Myanmar negó las acusaciones. Su representante, Ko Ko Hlaing, argumentó que las operaciones militares de 2016 y 2017 fueron una respuesta a los ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), al que describió como una organización terrorista.

“La investigación de Gambia sobre los hechos es superficial y parcial”, sostuvo Hlaing. Aunque admitió que los enfrentamientos dejaron muertos y provocaron desplazamientos masivos, afirmó que la pandemia, los desastres naturales y la inestabilidad en Rakáin obstaculizaron los supuestos esfuerzos para repatriar a los refugiados.

Posibles consecuencias

De Hoon indica que rara vez se admite de forma explícita la intención genocida, por lo que esta debe acreditarse con otros elementos, como expresiones deshumanizadoras, las acciones de los responsables o los patrones de violencia contra la población.

“Ya se ha reconocido que esa intención puede probarse mediante indicios”, señala. A su juicio, la sentencia podría precisar qué elementos deben considerarse y de qué manera evaluarlos.

El fallo también podría influir en otros procesos, en particular en la demanda que Sudáfrica presentó contra Israel ante la CIJ por un presunto genocidio en Gaza.

“Muchos genocidios ocurren en paralelo a objetivos militares”, advierte De Hoon. Por ello, estima que sería “muy extraño” que la existencia de un objetivo militar bastara para descartar por completo la aplicación de la Convención.

En 2020, la Corte dispuso medidas provisionales para que Myanmar evitara actos de genocidio, preservara las pruebas y supervisara a sus fuerzas de seguridad.

Human Rights Watch (HRW) afirma que el dictamen de la CIJ “será un hito en la búsqueda de justicia de los rohinyá” y alerta de que “la persecución de los rohinyá continúa”. La organización sostiene que hace falta respaldo internacional para asegurar un retorno voluntario y seguro.

Indemnizaciones

Gambia pide a la Corte que declare que Myanmar violó la Convención y que ordene reparaciones, como el regreso seguro de las personas desplazadas, la devolución de sus propiedades y garantías de que los hechos no se repetirán.

De Hoon estima que un reconocimiento judicial del genocidio tendría gran importancia para las víctimas y ayudaría a contrarrestar la negación de las atrocidades. Sin embargo, advierte que la Corte suele mostrarse cautelosa a la hora de ordenar reparaciones específicas.

“Es posible obtener una sentencia y, aun así, carecer de futuro”, señala, al recordar que muchos rohinyás todavía no pueden volver a sus hogares.

Agrega que hacer efectivas las reparaciones dependerá de la presión política y diplomática que otros países ejerzan sobre Myanmar.

La sentencia determinará la responsabilidad del Estado, no la culpabilidad penal personal de dirigentes o integrantes del Ejército, asunto que se aborda en procesos aparte, incluido uno ante la Corte Penal Internacional (CPI).