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Diez miembros de un clan narco son formalizados por lavado de activos y transferencias a Argentina

foto Génesis Friz
Escrito por:Génesis FrizPeriodista de Prensa en BioBioChile
foto Diario El Pingüino
La información es de:Diario El PingüinoMedio de comunicación de la Región de Magallanes en convenio de colaboración con BioBioChile.

La Fiscalía imputó a diez miembros de un grupo familiar en Punta Arenas, región de Magallanes, por lavado de activos y asociación criminal. La banda presuntamente habría blanqueado más de $240 millones obtenidos del narcotráfico, utilizando empresas de fachada, testaferros y transferencias de dinero divididas en montos menores hacia Argentina.

La causa se centra en una agrupación que habría operado entre 2021 y 2025, bajo el mando de Mauricio González Barría.

De acuerdo con el Ministerio Público, la organización ingresaba al sistema financiero fondos provenientes de la comercialización de drogas. El presunto líder, por sí solo, recibió depósitos bancarios sin justificar que superaron los $241 millones.

Para disimular la procedencia del dinero, el grupo habría recurrido a diversos métodos. Entre estos se encontraban registrar vehículos a nombre de otras personas, acudir a individuos que reunían efectivo y constituir las sociedades Gorila Grow SpA y Santa Grow SpA, presuntamente usadas como fachadas.

Desarticulan clan narco

Entre las prácticas identificadas estaba el llamado pitufeo, que implica separar sumas elevadas en transferencias más pequeñas para no llamar la atención de las entidades fiscalizadoras.

En esta investigación, el dinero se enviaba a Buenos Aires, Argentina, a través de Western Union. Las transferencias se dividían en montos consecutivos, a veces con una diferencia de solo un peso, con el propósito de esquivar la supervisión de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El fiscal Oliver Rammsy señaló que las diligencias detectaron el empleo de testaferros y la división de fondos procedentes directamente del tráfico de drogas para transferirlos fuera del país.

Respecto de las decisiones del tribunal, se estableció un período de investigación de 60 días. También se impusieron arraigo regional y firma mensual a una imputada que no tenía medidas cautelares vigentes en la investigación paralela por narcotráfico.

Además, se emitió una orden de detención para otro acusado que no asistió a la audiencia y cuyo paradero es desconocido.