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A cuatro años de su entrada en vigor, la Ley Papito Corazón ha ordenado pagar $3,8 billones en deudas alimentarias

foto Constanza Carrillo Silva
Escrito por:Constanza Carrillo SilvaPeriodista de Prensa en BioBioChile

Al cumplirse cuatro años desde que comenzó a regir la Ley de Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, conocida también como ley Papito Corazón, el Poder Judicial presentó un balance de las herramientas de cobro aplicadas para garantizar el pago de estas obligaciones. Según informó, se han dispuesto pagos por un total de $3.885.443.300.562 ($3,88 billones).

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio a conocer la cifra y precisó que, entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los tribunales de familia ordenaron pagar un monto equivalente al 1,98% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile.

El informe indica que los pagos se han realizado a través de dos mecanismos contemplados en la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos.

Uno de ellos es el procedimiento especial, que autoriza la retención de dinero desde cuentas bancarias o instrumentos financieros. Por esta vía se han ordenado pagos por $822.205 millones, en beneficio de 404.400 representantes legales.

Por su parte, el procedimiento extraordinario permite recurrir a los fondos de capitalización individual provenientes de cotizaciones obligatorias en las AFP. Mediante esta alternativa se han decretado órdenes de pago por $3,06 billones, que benefician a 307.734 representantes legales.

Balance tras cuatro años de la ley Papito Corazón

Desde que entró en vigor la normativa, los 141 tribunales del país con competencia en asuntos de familia han ordenado 728.700 inscripciones en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

De esas anotaciones, 376.644 siguen vigentes y 352.056 han sido canceladas.

Además, las causas que permanecen activas en el sistema a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación acumulan una deuda total de $54.833 millones por concepto de pensiones de alimentos impagas.

Ante este escenario, la presidenta de la Corte Suprema subrayó que es fundamental asegurar que estas obligaciones se cumplan, debido a sus efectos en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.

Chevesich afirmó que “el pago oportuno de las pensiones de alimentos es trascendental para que las personas puedan satisfacer sus necesidades espirituales y materiales desde su infancia”.

Sin embargo, señaló que, pese a que la legislación avanza en la dirección adecuada, aún se requieren acciones adicionales para proteger los derechos fundamentales, en especial los de las personas menores de edad.

La máxima autoridad del Poder Judicial también reconoció la labor de los equipos de los tribunales de familia y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Indicó que los avances se han logrado a pesar de la insuficiencia de recursos para responder a las nuevas exigencias establecidas por ley.

De acuerdo con sus palabras, los funcionarios han tenido que sumar estas labores a sus tareas habituales, una situación que ha implicado un considerable costo humano.