La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó este jueves que Birmania (Myanmar) actuó con la "intención de destruir una parte sustancial" de la minoría musulmana rohinyá durante la operación militar de 2017 en el oeste del país. El tribunal tuvo por acreditados asesinatos a gran escala, agresiones sexuales, ataques contra niños y acciones orientadas a evitar que nacieran integrantes de esta comunidad.
Después de analizar todas las pruebas, el principal órgano judicial de Naciones Unidas concluyó que "la única conclusión razonable" para explicar la conducta de Birmania es que había una "intención de destruir" a una parte considerable de la población rohinyá del norte del estado de Rakáin.
Este elemento resulta decisivo para determinar legalmente si hubo genocidio. La Convención contra el Genocidio requiere probar tanto la comisión de ciertos actos como la "intención" de exterminar, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
La sentencia señala que, durante las operaciones de 2017, las fuerzas de seguridad birmanas realizaron "asesinatos indiscriminados", apartaron y ejecutaron a hombres, y cometieron agresiones sexuales de forma generalizada.
Los magistrados estimaron que las pruebas respaldan el cálculo de que alrededor de 10.000 miembros de esta minoría murieron durante la ofensiva, en la que las fuerzas birmanas también perpetraron "actos de extrema violencia contra menores" y atacaron a quienes buscaban escapar hacia el vecino Bangladés.
La Corte concluyó además que las aldeas rohinyás fueron "destruidas sistemáticamente" y reemplazadas por construcciones permanentes, y que habitantes de fuera de la minoría fueron trasladados a esas zonas.
Los jueces también establecieron que la campaña militar infligió "graves daños físicos y mentales" a una cantidad muy numerosa de rohinyás. Asimismo, Birmania adoptó medidas para "impedir" los nacimientos en esta comunidad, una práctica que la Convención contra el Genocidio también prohíbe.
La operación de 2017 obligó a más de 700.000 rohinyás a escapar a Bangladés y otros países.
Desde hace décadas, esta minoría musulmana enfrenta discriminación y limitaciones a sus derechos, entre ellas la negativa de las autoridades birmanas a reconocerles la ciudadanía.
Gambia llevó el caso ante la CIJ en 2019, con el apoyo de la Organización de Cooperación Islámica. Más adelante, otros once países participaron en el procedimiento.
Propósito de destrucción
En las audiencias del pasado enero, Gambia argumentó que las pruebas acreditaban la intención de destruir a los rohinyás, en su totalidad o en parte. También presentó declaraciones de sobrevivientes, quienes testificaron en sesiones a puerta cerrada por motivos de seguridad.
Birmania negó las acusaciones y afirmó que las operaciones militares de 2016 y 2017 fueron una respuesta a los ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), organización que describió como terrorista.
El proceso debe establecer si Birmania, en calidad de Estado, incumplió sus compromisos internacionales de prevenir y sancionar el genocidio; no tiene por objeto procesar penalmente a militares ni a dirigentes específicos.
Si se confirman las acusaciones contra Birmania, sería la primera ocasión en que la CIJ atribuye a un Estado responsabilidad por genocidio. Se trata del delito más complejo de acreditar jurídicamente, sobre todo porque es necesario demostrar la intención de destruir total o parcialmente al grupo nacional, étnico, racial o religioso afectado.
La resolución, cuya lectura aún continúa y que se cuenta entre las más extensas en la historia del tribunal, será definitiva y no admitirá apelación.





