Mundo

hrs

El modelo penitenciario de Bukele se expande por Latinoamérica pese a las denuncias de abusos

foto Bárbara Haas
Escrito por:Bárbara HaasPeriodista Radio Bío Bío
foto Agencia EFE
La información es de:Agencia EFEAgencia española de noticias

La política de mano dura impulsada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra el crimen organizado se ha vuelto un modelo para varios países latinoamericanos. Desde 2023, al menos siete han planteado levantar 16 megacárceles o más, buscando imitar una fórmula cuya efectividad ante distintas modalidades delictivas y sus efectos sobre los derechos humanos generan interrogantes.

La violencia y el avance de las organizaciones criminales ayudan a explicar el atractivo de una estrategia que promete respuestas inmediatas a los problemas de seguridad.

No obstante, su adopción también abre interrogantes sobre qué aspectos se están reproduciendo y sobre si las medidas dirigidas contra las pandillas salvadoreñas sirven para enfrentar redes criminales transnacionales.

"Bukele presenta algo que pocos gobiernos pueden exhibir: una reducción drástica de la violencia en poco tiempo. Lo promociona mediante una maquinaria propagandística muy eficaz, que exhibe la megacárcel, deshumaniza a los detenidos y oculta los abusos. Por eso despierta interés incluso en países con problemas criminales muy distintos a los de El Salvador", dice a EFE Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Desde 2023, Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Guatemala han presentado o comenzado proyectos para construir megacárceles. Aun así, muchas propuestas continúan en etapa de planificación o construcción y parecen funcionar más como señales políticas que como transformaciones relevantes de las políticas públicas, indica InSight Crime en su investigación ‘Mapa de las megacárceles de América Latina’.

Las estrategias de mano dura

Costa Rica abrió hace poco el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), concebido a partir del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador y preparado para albergar a 5.100 internos.

En Ecuador, la Cárcel del Encuentro empezó a recibir reclusos en noviembre de 2025, y el Gobierno de Daniel Noboa anunció la construcción de otro recinto con capacidad para 15.000 personas.

Paraguay ya puso en marcha el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, dirigido a internos de alta seguridad, mientras que Argentina está levantando el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap), apodado ‘El Infierno’.

El impacto de este modelo también se aprecia en las visitas al Cecot. José Antonio Kast recorrió la cárcel pocos días antes de asumir la Presidencia con el propósito de "tomar ideas" aplicables en nuestro país, aunque precisó que no necesariamente copiaría el sistema por completo. En octubre, la presidenta peruana, Keiko Fujimori, también visitó el centro penitenciario.

Las cárceles no desarticulan las estructuras criminales

Según Goebertus, "lo que realmente se ha imitado es la imagen y el discurso, el aumento de las penas —algo nada nuevo en América Latina— y la construcción de megacárceles".

"Ecuador las acompañó con la militarización y Honduras, con un régimen de excepción. No parece que esas medidas hayan conseguido reducir la violencia en esos países", agregó.

Ampliar la infraestructura penitenciaria tampoco asegura, por sí mismo, que las organizaciones delictivas pierdan fuerza. InSight Crime señala que algunas agrupaciones de la región, entre ellas el Tren de Aragua en Venezuela, el Primer Comando Capital en Brasil y Los Choneros en Ecuador, nacieron o se hicieron más fuertes en las cárceles, donde establecieron espacios para operar y reclutar integrantes.

"En América Latina, las prisiones no han acabado con el crimen organizado; a menudo han sido su punto de partida y su centro de mando. Allí se afianzan los liderazgos, se recluta y se ejerce control sobre las personas privadas de libertad, casi siempre con la participación de quienes deberían vigilarlas", afirmó Goebertus, quien alertó que "el encarcelamiento masivo puede acabar ampliando el número de personas disponibles para el reclutamiento de esos grupos".

A los interrogantes sobre los resultados se agregan las denuncias por vulneraciones de derechos humanos en El Salvador. El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha facilitado la detención de decenas de miles de personas y ha motivado acusaciones de arrestos arbitrarios, torturas y malos tratos.

"En El Salvador hay decenas de miles de personas detenidas de manera arbitraria. Muchas fueron arrestadas porque la policía tenía que alcanzar cuotas de capturas, a raíz de una llamada anónima o simplemente por parecer sospechosas. Entre ellas hay inocentes, incluso personas que fueron víctimas de las propias pandillas", sostiene Goebertus.

El elevado número de arrestos también ha llevado al Gobierno a reconsiderar su política de encarcelamiento.

Bukele admitió que las autoridades han dejado en libertad a cerca de 8.000 personas detenidas durante el régimen de excepción y anunció en octubre que analizaba otorgar libertad condicional a algunos de los más de 90.000 encarcelados, opción que podría beneficiar a casi la mitad.

La directora para las Américas de HRW advierte: "Lo que se está importando no es una cárcel, sino la noción de que los derechos constituyen un obstáculo para la seguridad. Cuando se acepta que alguien puede ser detenido sin pruebas y condenado sin juicio, nadie está protegido".

Las particularidades de cada país también dificultan reproducir esta estrategia.

"El Salvador se enfrentaba a pandillas con dominio territorial local, pocos recursos y miembros fáciles de identificar, en un país de dimensiones reducidas", explica.

En cambio, "Ecuador debe hacer frente a organizaciones conectadas con redes transnacionales, que dominan puertos y rutas de la cocaína y tienen capacidad para comprar a policías y jueces. Honduras reúne extorsión, narcotráfico y una élite política con nexos documentados con el crimen organizado. Colombia afronta la transformación de un conflicto armado en crimen organizado, un fenómeno muy diferente", afirma Goebertus.