Con las elecciones generales del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, España vuelve a poner sobre la mesa los principales retos nacionales. Aunque la economía avanza al doble de velocidad que la de la UE y el país lidera la creación de empleo entre las grandes potencias europeas, el debate gira en torno a asuntos como la vivienda, la seguridad ferroviaria, la gestión migratoria, el coste de la vida y el acceso a la salud.
Las fuerzas del Gobierno (PSOE y Frente Amplio) y de la oposición (PP, VOX y Podemos) buscan atraer tantos apoyos como puedan: el oficialismo aspira a mantenerse en el Ejecutivo tras ocho años, mientras que los partidos de derecha intentan llegar a la Moncloa después de varios intentos sin éxito.
Ante cada uno de estos asuntos, los partidos despliegan sus estrategias para presentarse como la alternativa más preparada para afrontar los desafíos del país ibérico. Más allá de la magnitud de los problemas, la decisión final quedará en manos de las españolas y los españoles, que a fines de noviembre definirán con su voto el camino a seguir.
La vivienda y su peso electoral tras la huelga general
La dificultad para acceder a una vivienda está en la raíz de la convocatoria a elecciones.
El desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años y residente durante 71 años en un piso de Madrid, provoca una movilización masiva en la capital española. La protesta convocada por el Sindicato de Inquilinas termina con una acampada en la plaza de Sol y se replica con acciones similares en las principales ciudades del país.
El presidente del Gobierno español responde anunciando dos decretos destinados a resguardar a los arrendatarios de condiciones abusivas por parte de los propietarios. Entre sus medidas, las normas paralizan desalojos como el que afectó a Maricarmen.
Al tiempo que crece la movilización, la propuesta del Gobierno llega al Congreso de los Diputados, pero es rechazada por sus adversarios y por Junts, la formación catalana de derecha, que en esta ocasión vota en contra del Ejecutivo al que había respaldado años antes.
Lo ocurrido trasciende una protesta social más o un nuevo choque entre el Gobierno y sus opositores. En plena crisis habitacional, el mandatario se toma un fin de semana para meditar y acaba resolviendo que es hora de anticipar las elecciones generales.
Al comunicar su decisión, critica a los partidos de derecha por oponerse a los decretos y sostiene que requiere más respaldo parlamentario para aprobar normas que protejan a la población ante la crisis de la vivienda.
Más allá de lo que expone en su plataforma, la postura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre el derecho a la vivienda se refleja en esta cadena de acontecimientos, que desembocó en una huelga general el pasado 11 de noviembre.
El planteamiento también queda recogido en los dos decretos aprobados por la Diputación Permanente del Congreso. Estos incluyen la paralización hasta 2030 de los desalojos de personas vulnerables en propiedades de grandes tenedores, extensiones anuales de hasta dos años para contratos vigentes hasta 2028, la prohibición de cargar a los inquilinos los gastos de gestión, normas para los alquileres de temporada y restricciones a las compras especulativas.
En cambio, la derecha opositora atribuye el agravamiento de la crisis a la gestión del actual presidente en la Moncloa. El líder progresista responde trasladando el foco a los gobiernos autonómicos, que tienen buena parte de las atribuciones para regular los arriendos.
Las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE plantean medidas más contundentes. El Frente Amplio, que forma parte de la coalición gobernante, utiliza el lema de campaña “Un voto como una casa” y propone expropiar gradualmente viviendas de grandes fondos de inversión e imponer un gravamen del 10% a los grandes propietarios. Las propiedades destinadas a alquiler asequible y estable quedarían fuera de esas medidas. También busca rebajar un 30% el precio de los alquileres.
Podemos, que no forma parte del Ejecutivo, plantea una reducción de los arriendos del 40%, prohibir los alquileres turísticos y expropiar 650.000 viviendas pertenecientes a fondos de inversión.
En la vereda opuesta, las propuestas del Partido Popular y VOX para atraer a quienes están preocupados por la falta de acceso a la vivienda se apartan de las medidas regulatorias.
El partido que encabeza Alberto Núñez Feijóo combina ayudas para que jóvenes puedan comprar una vivienda o arrendarla al independizarse con estímulos a la inversión privada, con el propósito de elevar la construcción y aumentar la oferta disponible.
VOX, partido de extrema derecha, también plantea construir más viviendas, pero suma a su argumento otro factor: “En 2025, 3,2 millones de personas buscaron casa en España sin éxito. En los últimos cinco años llegaron a España seis millones de inmigrantes. Durante ese mismo periodo, las regulaciones de la izquierda hicieron desaparecer la mitad de la oferta de alquiler”, señala un anuncio de campaña.
Las propuestas de la derecha para este ámbito se centran en “liberalizar suelo para poder hacer más viviendas y promover con la iniciativa público-privada que se elaboren y que se hagan más viviendas. Sin embargo, España ha construido bastante más que otros países cercanos, como Alemania, en los últimos años”, explica el analista y consultor político Jordi Sarrión-Carbonell en conversación con France 24 en español.
La protección ferroviaria se suma a los asuntos de campaña
España ha sufrido dos accidentes ferroviarios durante 2026. El primero tuvo lugar en Adamuz, al comenzar el año, el 18 de enero, y causó 46 muertes y 152 personas heridas. El segundo ocurrió en Urda el 28 de octubre y dejó 69 víctimas fatales, además de más de 200 heridos.
La tragedia ha golpeado profundamente a quienes aún lloran a sus familiares y ha conmocionado al país. También ha puesto en entredicho la confianza en la red ferroviaria de alta velocidad, que fue uno de los símbolos de la modernización española y que, por tamaño, ocupa el segundo lugar mundial, detrás de China.
El Gobierno también queda afectado en el terreno político y el ministro de Transportes, Óscar Puente, renuncia a su cargo. Era una de las figuras más prominentes del partido gobernante.
La oposición marca el rumbo de la discusión. Alberto Núñez Feijóo afirma que este tipo de hechos no sucedía cuando su sector estaba en la Moncloa, acusa a Pedro Sánchez de dirigir el país de forma “desastrosa” y anuncia una auditoría para determinar responsabilidades. Vox aprovecha la crítica y presenta los accidentes como prueba de que España no funciona bajo un Gobierno del PSOE.
En su programa electoral, el Partido Popular ofrece destinar 300.000 millones de euros en 15 años a mejorar la red ferroviaria, revisar las velocidades máximas, renovar trenes y vías, y perfeccionar las compensaciones por retrasos.
La salida de Puente “funciona como dique de contención para recuperar la iniciativa en la conversación pública”, plantea el experto consultado. A partir de ese momento, las encuestas no reflejan un impacto significativo para el partido de Sánchez.
Una vez superado el periodo más difícil, los socialistas pasan a la ofensiva y sostienen que los mayores recortes a la inversión ferroviaria se produjeron durante los gobiernos del PP.
Entre sus compromisos de campaña, el PSOE plantea auditar la totalidad del sistema ferroviario y vuelve a pedir más inversión en infraestructura para “recuperar la confianza” en su funcionamiento. A su izquierda, los grupos encabezados por Ada Colau e Irene Montero comparten esa postura y proponen revisar la entrada de operadores privados de Francia e Italia a la prestación del servicio.
“El Partido Popular y Vox tienen a favor en este tema que ha habido dos accidentes en un año”, analiza Sarrión-Carbonell. No obstante, opina que su punto más débil es responder a la pregunta: ‘¿van ustedes a invertir más dinero en infraestructuras ferroviarias?’”.
La migración entra en campaña con Ceuta como símbolo
En 2026, Ceuta vive una emergencia migratoria, humanitaria y diplomática. El 30 de julio, decenas de miles de personas entran de manera irregular desde Marruecos a esta ciudad autónoma española de 83.000 habitantes, en un episodio que pone a prueba la capacidad de las autoridades para responder.
Las imágenes tienen un fuerte impacto político. Vox y figuras influyentes de extrema derecha califican el hecho de “invasión” y reprochan al Gobierno no haber frenado la llegada masiva de personas.
La coyuntura favorece a Santiago Abascal. Desde entonces, el dirigente de la formación ultraderechista repite uno de sus principales argumentos de campaña: “Estimaciones señalan que en 2045 habrá más extranjeros que nacionales en España. ¿Fin del mundo por el cambio climático? No, fin de España por sustitución”, sostiene su programa electoral.
Sus medidas se presentan sin rodeos: establecer una “prioridad nacional” para que los ciudadanos españoles tengan preferencia sobre los extranjeros al solicitar prestaciones sociales, servicios públicos y vivienda social, además de expulsar a inmigrantes en situación irregular o que hayan cometido delitos.
En el Partido Popular se observan dos corrientes. Una, más cercana a la posición de Vox, está representada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la otra, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, presta más atención a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
“El PP ha basculado entre esas dos almas porque, por un lado pueden perder muchos votos hacia Vox, por otro lado pueden abandonar a sus votantes más tradicionales, que pueden irse a la abstención o al Partido Socialista”, afirma el analista.
El Gobierno, con el Frente Amplio incluido, promueve una migración ordenada, legal y segura, con énfasis en agilizar los trámites, favorecer la integración social y reforzar la cooperación internacional.
Después de varios meses a la defensiva por la crisis de Ceuta, el PSOE parece haber afianzado su discurso: cuestiona las políticas migratorias dominantes en el bloque comunitario, a las que describe como “una hegemonía de la crueldad”, y reivindica los derechos humanos.
“Creo que por primera vez en la campaña el PSOE fue capaz de plantear una respuesta alternativa en la cuestión migratoria”, destaca Sarrión-Carbonell.
Otros asuntos que pueden inclinar la votación
Además de la atención que concentran la vivienda, el transporte y la migración, otros temas también parecen captar el interés durante la campaña electoral.
De acuerdo con varios analistas, el rechazo de Santiago Abascal a ser entrevistado por el youtuber Jordi Wild perjudica a Vox y favorece al PP. Por otra parte, las denuncias de acoso contra mujeres que salieron a la luz dentro del PSOE y las acusaciones de corrupción contra varios dirigentes afectan al oficialismo, mientras que la situación de la sanidad también figura entre los asuntos centrales.
La opción de que el Partido Popular y VOX alcancen la mayoría absoluta necesaria para gobernar no apareció por primera vez en las encuestas de 2026: responde a una tendencia de largo plazo que apenas cambia durante la campaña.
La principal vulnerabilidad de la coalición gobernante parece derivarse de su propia composición, integrada por partidos progresistas y regionalistas, cuya pluralidad complica la aprobación de leyes y la construcción de una agenda compartida. “Yo creo que toda la legislatura ha sido muy complicada y creo que (el PSOE) empezó a perder las elecciones desde el momento en que Pedro Sánchez era incapaz de sacar adelante leyes”, concluye Sarrión-Carbonell.





