La defensa del ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmó que la acusación constitucional en su contra, relacionada con la reducción de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad, no alcanza el nivel necesario para destituirlo, pues, a su juicio, las “diferencias jurídicas” no bastan para justificarlo.
Rabat está convocado para este lunes a las 16:00 horas ante la comisión revisora. Sin embargo, su abogado, Juan Ignacio Piña, señaló que, si es posible, él se hará cargo de esos compromisos para permitir que el ministro se concentre en sus funciones.
En su respuesta, Rabat plantea que actuó conforme a la legislación vigente y a criterios respaldados por la Corte Suprema. Por ello, sostiene su abogado, no se habría vulnerado la Constitución.
“Estamos convencidos de que no es posible sostener que se cometieron las infracciones constitucionales que se le atribuyen, especialmente por la gravedad de esas imputaciones”
La defensa sostiene que la reforma de 2022 no dispuso que la exclusión del beneficio alcanzara a delitos sexuales cometidos antes de que entrara en vigor. Respecto de los crímenes de lesa humanidad, afirma que no se produjo impunidad, dado que quienes recibieron el beneficio habían cumplido cerca del 90% de sus condenas. En cuanto a la probidad, el abogado asegura que podrán demostrar que el ministro no entregó información con imprecisiones relevantes.
Rabat sí reconoce una equivocación: no haber incorporado a las víctimas en el procedimiento, lo que considera una deficiencia grave.
Desde la oposición cuestionan que el Ministerio todavía no haya entregado el listado de rebajas concedidas sin una orden explícita de la Corte Suprema, asunto que planteó la presidenta del Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans.
A juicio de Yeomans, la defensa del ministro se ha limitado a buscar que permanezca en el cargo, sin responder a las acusaciones ni abordar los fundamentos jurídicos incluidos en los distintos capítulos de la acusación constitucional
La defensa asegura que los decretos serán entregados este lunes, antes de que venza el plazo. No obstante, el presidente de la comisión, el diputado PPD Raúl Soto, pide que Rabat comparezca personalmente y no envíe a su abogado en su lugar.
Soto dijo esperar que el ministro asista y no se ampare en su abogado, pues fue Rabat quien firmó los decretos y, por tanto, debe presentarse ante la comisión.
Fuentes consultadas por Radio Bío Bío indican que se buscaría votar la acusación el lunes 30 de noviembre. Soto no quiso anticipar un calendario, aunque el periodo de trabajo de la comisión termina este viernes 27.
El Gobierno, por su parte, espera que la acusación sea rechazada. El diputado señala que, por ahora, los votos están igualados y que el Partido de la Gente podría ser decisivo. Si la Cámara da luz verde al libelo, Rabat será suspendido y el Senado resolverá si corresponde destituirlo.
La información fue reportada por Emilio Schwarz




