Debido a la masiva ola de despidos, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, solicitó un pronunciamiento a la Contraloría Regional del Bíobío, sobre la legalidad de los 200 despidos que se concretaron a nivel regional.
En segunda instancia, la ANEF incitó a que cada uno de los afectados recurra a los juzgados del trabajo, confiando en que los tribunales ordenarán la reincorporación de los funcionarios desvinculados.
