El caso se remonta al período entre septiembre y noviembre de 1973, cuando 28 campesinos desaparecieron en Santa Juana y Quilaco.
La Corte de Apelaciones mantuvo las penas efectivas de cárcel efectiva entre 5 y 14 años, para siete carabineros en retiro. Mientras tanto, las sanciones a 10 civiles participantes, fueron reducidas, tras acreditarse su rol en los crímenes de lesa humanidad, como cómplices y no autores.
