Hasta el frontis de la Intendencia llegó un grupo de representantes de trabajadores del sector industrial pesquero, para solicitar al Gobierno que patrocine la posibilidad de retrasar la entrada en vigencia de la Ley de la Jibia.
Argumentan que las tasas de cesantía, que se encuentra actualmente en 7,1% crecerán en la zona, una vez comience a regir la ley en agosto.
Para Pedro Irigoyen, habría sido mejor dejar la ley como estaba, en lugar de realizar modificaciones, y que bastaba con fijar la cuota para asegurar la extracción del recurso.
