La justicia validó la aplicación de la Ley Aula Segura, al rechazar un recurso de protección contra la expulsión de cuatro alumnos del Liceo Enrique Molina a quienes se sancionó por la agresión a una profesora y a una asistente de la educación. La sentencia será apelada a la Corte Suprema, insistiendo la madre de uno de los estudiantes en la ilegalidad del proceso disciplinario.
Tras dos meses desde la presentación de la acción legal, la Corte de Apelaciones penquista finalmente se pronunció y descartó que se haya infringido el debido proceso o que la aplicación del proceso disciplinario haya sido ilegal y arbitrario.
Si bien inicialmente fueron cuatro alumnos los que recurrieron de protección, finalmente fue un solo estudiante el que siguió adelante con la denuncia y respecto de él es quien se pronunció la justicia. La abogada Paula Rojas, quien representó a una de las funcionarias del Liceo Enrique Molina agredidas, explicó que se trata de una sentencia relevante por la gravedad de los hechos sancionados por el establecimiento y la Daem de Concepción.
Linda Aqueveque, madre del alumno expulsado, criticó la resolución, confiando en que la Corte Suprema revierta el fallo y declare la ilegalidad de la aplicación de la Ley Aula Segura a su hijo.
A diferencia de sus compañeros, todos alumnos de cuarto medio, el hijo de la mujer se niega a aceptar el cambio de establecimiento, lo que según la Municipalidad de Concepción es responsabilidad de la Seremi de Educación, llamando a que la autoridad reubique al estudiante tras dictarse la sentencia.
