A la Contraloría llegó el caso del Instituto San Pedro, bajo amenaza de cierre por el supuesto mal uso de dineros bajo la anterior administración. Los actuales sostenedores, acompañados por el CORE Javier Guíñez, entregaron al organismo un informe contable que acreditaría el desvío de mil 500 millones de pesos en recursos fiscales.
El caso del Instituto San Pedro se conoció hace unos meses al asumir los nuevos sostenedores del establecimiento subvencionado, quienes denunciaron a la antigua administración de un mal manejo de las platas que por años recibieron tanto del Ministerio de Educación como de los apoderados.
El conflicto llegó a la justicia a raíz de la demanda de los removidos responsables del establecimiento, quienes obtuvieron una orden de desalojo y fue entonces que los actuales sostenedores contrataron una auditoría que confirmó la sospechas. Lorena González, sobrina de la fundadora del Instituto San Pedro, explicó que ante la contundencia del informe contable sobre las irregularidades en el uso de dineros fiscales y privados decidieron entregarlo a la Contraloría.
