La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección presentado por trabajadores contratistas forestales, los que denunciaron a las autoridades del Gobierno en el Bío Bío por el peligro al que quedan expuestos al realizar su trabajo, debido a los episodios de violencia rural y el denominado «conflicto mapuche».
De acuerdo a BioBioChile, fueron tres las acciones legales presentadas por el gremio de contratistas forestales: una en Valdivia, otra en Temuco y una tercera en Concepción, pidiendo a los tribunales intervenir al omitir el Gobierno, según se denunció, la obligación de resguardar las actividades económicas.
La Corte de Apelaciones penquista rechazó el recurso, subrayando que la justicia no podía dictar las políticas públicas en materia de seguridad, ni fiscalizar las medidas aplicadas con ese objetivo.
El abogado del gremio forestal, Rodrigo Ruiz, explicó al medio citado que la acción legal no buscaba que el Poder Judicial interviniera en la labor del Ejecutivo.
Por su parte, el intendente Sergio Giacaman, evitó referirse al tema, expresando eso sí que hay iniciativas pro seguridad vigentes, y otras que se implementarán a futuro. También apuntó a quienes están detrás de la violencia rural, como responsables de los ataques, consultado si aquello era responsabilidad del Gobierno.
La justicia también sostuvo que los denunciantes no entregaron detalles de los hechos que, según ellos, incidirían en la amenaza que supone el desempeño de su trabajo. El abogado del gremio cuestionó este argumento, y dio cuenta de la larga lista de ataques ocurridos solo durante 2019, en la provincia de Arauco.
El abogado Ruiz adelantó que llevarán el caso a la Corte Suprema y que confían poder revertir las resoluciones, de modo que se termine pidiendo a las autoridades que mejoren el combate de la violencia rural.
