La Contraloría General de la República revisó el plan contra el narcotráfico 2016-2017 ejecutado por Carabineros y asignado por la Subsecretaría del Interior. Los resultados fueron lapidarios: el programa fue evaluado por la Dipres con mal desempeño, sin parámetros para medir su efectuvidad y con baja ejecución presupuestaria.
De acuerdo a BioBioChile, el documento indica que la Subsecretaría transfirió $2.982 millones a Carabineros para la ejecución del Plan Nacional contra el Narcotráfico, mediante los decretos exentos de 2016 y 2017. A diciembre de 2018, se constató que la institución utilizó $1.620 millones, advirtiéndose que, al 9 de septiembre de este año, todavía no se habían efectuado los reintegros correspondientes a las arcas fiscales.
Si bien la Subsecretaría del Interior cuenta con indicadores de droga incautada, los que consideran como base las estadísticas de 2015, no fijó parámetros para comprobar el grado de cumplimiento del plan. Tampoco indicó los responsables de coordinar las tareas correspondientes a la implementación de cada una de las instituciones participantes.
Las instituciones también contabilizaron erróneamente las transferencias recibidas y otorgadas entre sí, sin crear el acreedor y deudor presupuestario según corresponde, señaló el documento.
Por eso, la Contraloría determinó que los uniformados deberán «ingresar a Rentas Generales de la Nación los fondos transferidos y no ejecutados de 2016 y 2017 (…) debiendo dar cuenta de ello dentro del plazo de 30 días hábiles, desde la recepción de este informe.».
Desde Carabineros se defendieron diciendo que la baja ejecución de recursos al 31 de diciembre de 2017, se debe a las exigencias legales y normativas que rigen la plataforma del Mercado Público, los procesos administrativos y las externalidades propias que generan los procesos de adquisición, como por ejemplo, los plazos de entrega por parte de los proveedores.
Por su parte, desde Interior sostuvieron que el programa no continuará en 2019 y 2020, considerando que se formuló bajo el Plan Frontera Segura, en el que también se incorporó la colabotación logística del Ejército al combate al narcotráfico, los delitos de contrabando, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
El ente fiscalizador pidió que se informe, dentro de 60 días, sobre el destino de los bienes adquiridos por Carabineros para la ejecución del Plan Nacional contra el Narcotráfico, considerando el cierre del programa y el reenfoque hacia el Plan Frontera Segura.
