Luego de una reunión de emergencia en La Moneda, que duró más de dos horas, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, condenó «enérgicamente los hechos de violencia y vandalismo que se han producido el día de hoy». Esto, en torno los enfrentamientos de Carabineros con estudiantes que se han manifestado en distintas estaciones de Metro en Santiago, con motivo del alza del precio del servicio.
«Son hechos de vandalismo que están ejecutados por grupos organizados y que han causado un daño enorme y gravísimo a nuestro transporte público y al metro de Santiago», señaló Chadwick.
El ministro dijo que son «cientos de miles de personas» quienes sufren por estos hechos, al verse privadas del sistema de transporte, y forzadas a caminar para encontrar un modo de llegar a sus casas.
Por esto, según anunció Chadwick, se invocará la Ley de Seguridad del Estado «para todos aquellos que resulten responsables de causar daños en los bienes del Metro de Santiago y al mismo tiempo impedir que éste pueda desarrollar normalmente su funcionamiento».
Esto quiere decir que los manifestantes que sean objetivo de las querellas, arriesgarán hasta 10 años de cárcel.
En tanto, la ministra Hutt puntualizó que se supendieron las operaciones de las estaciones del servicio de Metro. «Es posible que durante la próxima jornada recuperemos el funcionamiento de forma gradual», dijo, agregando que incorporarán más de 700 buses para operar en las rutas afectadas.
Una ley promulgada en dictadura
La Ley de Seguridad del Estado fue promulgada durante la dictadura militar, en 1975, recibiendo sus últimas modificaciones en 2010. Se trata de una normativa que involucra casi todo lo que altere el orden público: desde protestas o cortes de tránsito, hasta la instalación de barricadas y la quema de un bus.
BioBioChile ejemplificó con que, si se detiene a un joven por alterar el orden público en una protesta, se le aprehende y traslada a la comisaría, lo más probable es que su sanción no sea mayor a una multa y algunas horas de detención.
Sin embargo, si al mismo joven detenido se le aplica esta ley, puede ser condenado desde 541 días a 5 años de presidio.
