Con arraigo nacional y alta probabilidad de optar a una salida alternativa para no llegar a un juicio quedaron los dos imputados por la explosión del sanatorio alemán, ocurrida en abril del año pasado.
La tragedia del Sanatorio Alemán costó la vida a la joven Alexandra Villegas Monsalves (26), trabajadora del café starbucks; y a Rodrigo Bastías Sáez (31) y Víctor Salazar Rebolledo (43) de la empresa contratista que rompió de manera accidental la tubería de gas, la mañana del sábado 21 de abril del año pasado.
Tras 50 minutos de fuga de gas, de acuerdo a lo expuesto por el fiscal Jorge Lorca, el prevencionista de riesgo Patricio Canales Espinoza realizó solo una evacuación parcial y sin medir consecuencias, tras una evaluación inadecuada, sin llamar a bomberos tampoco, dio por terminada la emergencia, promoviendo el retorno de los funcionarios momento en que se generó la dantesca explosión.
En tanto, al encargado de emergencias de Gassur, Cristopher Toledo Silva, se lo acusa de sólo cerrar la válvula de gas, sin cumplir con el protocolo de evacuar completamente, ventilar y acordonar la zona, llamar a un equipo de avanzada o a bomberos. A ambos, se los acusa de omisiones negligentes, imprudencia temeraria e inexcusable.
Fueron formalizados por tres cuasi delitos de homicidio, y también por un cuasi delito de lesiones menos graves, en el caso de un menor que estaba internado y que sufrió heridas en la cabeza tras caerle un monitor por el estallido.
También se les imputó el cuasi delito de lesiones graves gravísimas, por las lacerantes heridas sufridas por la otra trabajadora del café starbucks, Camila Pérez Moya, pero en este caso se informó de un acuerdo reparatorio entre las partes, por un monto no precisado.
Asimismo, se determinó el sobreseimiento definitivo parcial de los 46 heridos leves, por razones que especificó el fiscal Lorca.
A la audiencia concurrieron los padres de Alexandra Villegas, también dispuestos a analizar un acuerdo, en el entendido que los acusados no actuaron con dolo, con intención letal.
Los imputados quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional y se otorgaron cuatro meses para cerrar la investigación.
El tribunal de garantía penquista fijó para el 22 de enero una audiencia para debatir una salida alternativa, pudiendo para entonces haberse llegado a un acuerdo reparatorio con todas las víctimas con lo cual cesaría la persecución penal.
Los cuasi delitos de homicidio tiene una pena máxima de tres años, sin privación de libertad y los dos acusados carecen de antecedentes policiales o penales.
