La tensión creció en El Salvador cuando un grupo de militares, fuertemente armados, irrumpió en la Asamblea Legislativa luego que el consejo de ministros de ese país centroamericano intentó convocar por medio de la Constitución una plenaria extraordinaria. La intención era que los diputados avalaran la discusión de un préstamo por 109 millones de dólares para la fase tres de su Plan Control Territorial contra el crimen organizado.
Desde el pasado jueves, la crisis institucional se apoderó del ambiente cuando el mandatario, en su cuenta de Twitter, se amparó al artículo 87 de la carta magna, en el que está implícita la insurrección del pueblo, cuando exista la interrupción del orden constitucional. Para acompañar lo que el jefe de Estado asegura es el mandato constitucional, mandó instalar una tarima y convocó a los ciudadanos a apostarse en las afueras del palacio legislativo como medida de presión a los diputados.
Sin embargo, legisladores de las fracciones de ARENA (derecha) y el FMLN (izquierda) no asistieron por considerar que el presidente se excedió en sus funciones y no respetó la independencia de órganos del Estado al convocar una sesión cuando no hay un carácter urgente para hacerlo. El plan de Bukele, en su tercera fase, contempla una millonaria partida en concepto de préstamos para comprar helicópteros, cámaras de videovigilancia, entre otros insumos para fortalecer las fuerzas armadas y policiales salvadoreñas. Por cierto, los militares se mostraron apegados al llamado presidencial y militarizaron la asamblea desde ayer por la mañana.
El mayor momento de polémica nacional e internacional, llegó cuando los militares ingresaron al Salón Azul legislativo, como si se tratase de una zona asediada o amenazada por la delincuencia u otro factor que pusiera en riesgo la seguridad nacional. Las críticas no se hicieron esperar en redes sociales o de parte de políticos y otras organizaciones que velan por el cumplimiento del estado de derecho y respeto a la institucionalidad democrática.
En tanto, el director de la División de las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, se pronunció en su cuenta de Twitter para pedir al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, convocar urgente una reunión de este organismo, por lo que calificó como una exhibición de fuerza bruta en la asamblea salvadoreña.
