Como una “acción criminal” calificó el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez, el instructivo del Gobierno para el retorno gradual de los servicios públicos al trabajo presencial.
Por lo mismo, Pérez anunció que los afiliados a los gremios pertenecientes a la ANEF continuarán con su trabajo de manera remota, y no volverán a la modalidad presencial.
Al mismo tiempo, la ANEF anunció que presentarán un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, porque acusan que se vulnera el derecho a la vida, consagrado en el artículo 1° de la Constitución.
En paralelo a esta acción, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, anunció que como mesa del sector público acudirán a la Contraloría.
Desde la Contraloría indicaron que las acciones que podrían interponer las asociaciones de trabajadores y los empleados públicos corren por carriles paralelos. Una vez que llegue la solicitud de pronunciamiento, la institución procederá a evaluar los antecedentes.
A las críticas, se sumó la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, quien aseguró que la decisión del Gobierno no cuenta con respaldo científico.
Por otra parte, y a través de un comunicado, el consejo asesor Covid-19 acusó que no fueron consultados previo a la emisión del decreto del Ejecutivo. Al mismo tiempo, señalan que este retorno de los empleados públicos, al igual que la reapertura de centros comerciales, otorga un “falso ambiente de fin a la crisis”.
Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló que, si bien no le consultaron directamente al consejo asesor, todas las decisiones tomadas por el Ejecutivo son basadas en la evidencia nacional, internacional y recomendaciones generales, pensadas en el bienestar de las personas.
