Tras allanamientos al GORE piden un persecutor para el Caso Convenios

Una intensificación, al menos pública, se ha visto en las últimas semanas de las diligencias en torno al caso Convenios.
Primero fue el allanamiento al Gobierno Regional el 27 de marzo pasado, a cargo de la fiscal María José Aguayo, y desde ayer igual pesquisa dirigida por el fiscal de Aysén Carlos Palma, primero con la incautación de antecedentes en el Gore y después en el Serviu y la Seremi de Vivienda.
Palma es responsable de la arista Procultura, sobre la cual la diputada Flor Weisse pidió resultados al Ministerio Público, subrayando en las dudas que existe sobre el uso de los millones de pesos entregados a esa fundación.
Consultada sobre las diligencias, la delegada presidencial Daniela Dresdner emitió la usual declaración de manual, sobre la colaboración que deben entregar las reparticiones públicas investigadas.
En lo que podría interpretarse como un cuestionamiento a la forma de investigar del Ministerio Público, con distintos fiscales llegando a la Gobernación Regional para incautar documentos, computadores y teléfonos celulares, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, pidió que sólo un persecutor sea designado a cargo del caso Convenios.
Trascendió en esa línea que por ejemplo, un computador que habría buscado la PDI en el Gore Bío Bío, por encargo del fiscal Palma, ya había sido incautado por su colega María José Aguayo.