Reacciones a beneficio para violador de DDHH: acusan retroceso en justicia

Distintas reacciones causó la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, Región del Biobío, que confirmó como legal el cumplimiento en el domicilio de una condena por violación de derechos humanos (DDHH).

Se trata del beneficio a José Otárola, quien pagará en su casa los 15 años de cárcel decretados por su responsabilidad en el caso Laja San Rosendo.

El caso se conoció el año pasado a partir del peritaje realizado por la entonces psiquiatra del Servicio Médico legal, Jacquline van Rysselberghe, quien declaró enajenado mental a José Otárola, condenado por los homicidios de la llamada Matanza de Laja San Rosendo.

Ese peritaje fue anulado y repetido, confirmando el segundo informe el diagnóstico de alzheimer, por lo que el ministro en visita, Carlos Aldana, accedió a cambiar de la cárcel al domicilio el cumplimiento de la pena de 15 años.

Ahora la Corte de Apelaciones penquista confirmó el beneficio, estimando el abogado de derechos humanos, Adolfo Montiel, que los ministros tuvieron consideraciones humanitarias para dictar el fallo.

Para la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción, el beneficio es un retroceso en la búsqueda de justicia, como lo señaló la dirigenta, Juana Vidal.

La sentencia fue dictada con el voto en contra de un ministro, Hadolff Ascencio, quien cuestionó que el argumento de la salud mental fuera utilizado por José Otárola ad portas de tener que comenzar a cumplir la condena.

Al respecto, el abogado experto en derechos humanos, Patricio Robles, dijo que ese antecedente ha generado suspicacias en las víctimas.

Otro de los condenados que cumple en su domicilio la pena de 10 años de cárcel por los homicidios de Laja San Rosendo es Manuel Barrueto, respecto de quien también se acreditó su enajenación mental.