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El Tribunal Oral de Cañete determinó que el Ministerio Público y el Instituto de Derechos Humanos deben pagar un total de 28 millones de pesos al infante de Marina absuelto en el caso del comunero Yordan Llempi. La justicia consideró que la investigación fue sesgada y que la acusación del INDH fue temeraria al no presentar pruebas suficientes. El monto incluye los gastos legales del uniformado y los efectos negativos en su cliente, además de honorarios de abogados y peritajes. Tanto la Fiscalía como el INDH evalúan apelar esta decisión.
Desarrollado por Bío Bío ComunicacionesUn total de 28 millones de pesos deberá pagar el Ministerio Público y el Instituto de Derechos Humanos al infante de Marina llevado a juicio por la muerte del comunero Yordan Llempi. Así lo determinó el Tribunal Oral de Cañete, al fijar el monto de lo que costó al uniformado defenderse de los cargos por homicidio y apremios ilegítimos y que finalmente fueron desestimados por los jueces.
Recordemos que la justicia concluyó en la sentencia que absolvió al cabo de la Armada, Ricardo Seguel, que la investigación realizada por la Fiscalía fue sesgada, y que el trabajo del INDH como querellante fue temerario, al no aportar pruebas que sustentaran su acusación.
De allí la condena en costas y que fueron determinadas en una audiencia en el Tribunal Oral de Cañete, acogiendo la propuesta del abogado del uniformado absuelto, Sergio Contreras, quien se manifestó conforme con la resolución que obliga al Ministerio Público a cancelar 14 millones de pesos y una cifra similar al Instituto de Derechos Humanos.
El monto incluye los gastos en que incurrió el cabo Seguel por concepto de honorarios a quienes lo defendieron, peritajes balísticos y topográficos presentados en el juicio, pero también, subrayó el abogado Contreras, debido a los efectos que la investigación ocasionó en su cliente.
El fiscal Nelson Vigueras acusó al uniformado por el homicidio del comunero Yordan Llempi, y el organismo querellante imputó el delito de apremios ilegítimos, cargos desestimados al concluir los jueces que el uso del fusil por parte del miembro de la Armada fue para repeler un ataque armado. Tanto la Fiscalía como el INDH evalúan apelar el pago de los 28 millones de pesos.

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