Comisión Mixta definió el fraccionamiento de merluza común: 52% para pesca artesanal y 48% a industria

Tras intensas jornadas de debate del fraccionamiento pesquero, la Comisión Mixta aprobó asignar el 52% de la cuota de merluza común a la pesca artesanal y el 48% al sector industrial. Este acuerdo busca equilibrar la actividad económica y la sustentabilidad del recurso en nueve regiones del país, desde Coquimbo hasta Los Lagos.

En la Mixta, diputados y senadores analizaron el impacto de distintos porcentajes en el empleo y la conservación de la especie.

Anchoveta y sardina española: piso de 55% para pesca artesanal

En paralelo, la Comisión respaldó la propuesta gubernamental para la distribución de anchoveta y sardina española en cinco regiones del norte. Se estableció un piso del 55% para el sector artesanal (con posibilidad de llegar al 85%) y un 45% para el industrial (hasta 15%), bajo una modalidad dinámica anual. Además, se prohibieron perforaciones en las cinco millas marinas exclusivas para la pesca artesanal.

El subsecretario de Pesca, Julio Salas, destacó que estas medidas “garantizan un acceso justo y evitan la sobreexplotación”. Sin embargo, el tema de financiamiento quedó pendiente, tras rechazarse por segunda vez la implementación de licencias transables para la industria del jurel.

Frente a este traspié, el Subsecretario confirmó que el Ejecutivo presentará una nueva propuesta para ver el punto del financiamiento y fraccionamiento, y darle viabilidad a la iniciativa.

Precisamente el Ejecutivo trabajará sobre la base de la indicación presentada por el diputado libertario Leonidas Romero, quien apunta a gravar compra de cuotas extranjeras del jurel.

El senador socialista y presidente de la instancia, Fidel Espinoza, relevó que tras rechazarse la subasta, la nueva proposición no irá en esa línea.

Rechazo a licencias transables en pesca del jurel

Asimismo, la Comisión Mixta ratificó el rechazo a la licitación de cuotas de jurel para el sector industrial, tal como había decidido previamente el Senado. El Ejecutivo había propuesto reducir la cuota licitada del 15% al 10%, acortar el periodo de licitación de 3 a 2 años y limitar la vigencia de estas de 20 a 15 años.

Además, se incluyeron medidas para fomentar la participación de pymes en la producción de recursos para consumo humano, evitar la presencia de ‘palos blancos’ en licitaciones y destinar fondos a investigación pesquera y becas. Pese a esto, la iniciativa no logró consenso. “Sin recursos, debemos buscar alternativas”, admitió Salas.

Financiamiento pendiente: gravamen a transferencias internacionales

Como se planteó en los párrafos anteriores, el tema crítico que quedó pendiente es el financiamiento. Tras el rechazo a las licencias, el Gobierno propuso gravar las transferencias internacionales de cuotas de jurel a empresas chilenas. Esta propuesta se votará el próximo 13 de mayo en una sesión extraordinaria.

La Comisión Mixta virtualmente concluyó su trabajo, pero deberá emitir un informe final que será revisado por las Salas de la Cámara Baja y el Senado.