Denunciante acusa a Contraloría de forzarlo a revelar su identidad en caso amparado por Ley Karin

Un ingeniero constructor, que ejerce funciones como jefe de terreno en la empresa RYQ Ingeniería, que presta servicios al MOP, y quien actualmente se encuentra con licencia médica, interpuso un recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República (CGR), acusando a este organismo fiscalizador de vulnerar los principios esenciales de la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin.

La acción cautelar busca restaurar la reserva de identidad del denunciante, la cual fue supuestamente levantada bajo coacción por parte del ente contralor.

Ley Karin

La Ley Karin se promulgó en agosto de 2024 con el objetivo central de modificar el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la prevención, la investigación y la sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.

El espíritu de esta normativa busca asegurar que las relaciones laborales se fundamenten siempre en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género.

Dicha perspectiva implica la adopción de medidas destinadas a promover la igualdad y erradicar la discriminación. En el ámbito de la Administración del Estado, la ley establece que la función pública debe propender al respeto del derecho de toda persona a disfrutar de un espacio libre de violencia, acoso laboral y sexual, y obliga a los órganos estatales a tomar todas las medidas necesarias para su prevención, investigación y sanción.

La relevancia de estos principios en el recurso de protección es fundamental, ya que la Ley Karin exige la inclusión de medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los protocolos y procedimientos de investigación.

En el sector público, específicamente en los procedimientos de sumario administrativo para determinar la responsabilidad por acoso o violencia, la normativa dispone que el fiscal debe adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de las personas involucradas.

Estas medidas consideran la seguridad de la persona denunciante. Es por eso que el protagonista de esta historia llevó al organismo contralor al banquillo, fundamentando precisamente la presunta contravención de este deber de protección, al exponerlo, levantando la reserva de su identidad como condición para seguir tramitando su denuncia administrativa.

Denuncia por Ley Karin

El denunciante, de iniciales M.V.C., señaló a este medio que interpuso una denuncia ante la Dirección del Trabajo de Concepción por hechos que constituyen acoso laboral, amparándose precisamente en la Ley Karin.

De manera paralela, presentó una denuncia administrativa ante la Contraloría Regional del Biobío, dirigida contra funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por hostigamiento, amenazas, coacciones y represalias.

Al presentar la denuncia ante la Contraloría, solicitó expresamente la reserva de su identidad. Sin embargo, recibió una comunicación formal el 20 de agosto de 2025 por parte de la Contraloría Regional, la cual indicaba que la denuncia no continuaría su tramitación si no accedía al levantamiento de la reserva.

De acuerdo con el escrito, la CGR justificó la solicitud indicando que el alzamiento obedeció a la naturaleza de la denuncia, la que decía relación con la presunta vulneración de derechos que corresponden exclusivamente a la persona reclamante.

La entidad de control estableció un plazo de 5 días hábiles para que el denunciante manifestara su autorización, bajo apercibimiento de archivar la denuncia. La funcionaria a cargo de requerir el alzamiento de la reserva de identidad fue Miriam Regle Quincha, cuya labor se fundamenta en el examen de admisibilidad de los reclamos. Ante esta advertencia, el profesional accedió al levantamiento que hoy califica de “forzado”.

Vulneración de confidencialidad y represalias laborales

El denunciante de los hechos, quien trabaja en el marco de un contrato de Asesoría Técnica suscrito entre RYQ Ingeniería y el MOP, indicó que esta situación le generó un alto grado de angustia, ansiedad y temor fundado a sufrir nuevas represalias laborales y personales por parte de los mismos denunciados.

Afirmó que, como consecuencia de sus denuncias, comenzó a recibir represalias. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, los antecedentes denunciados se entregaron al director de Vialidad Provincial de Arauco; y al propio Inspector Fiscal, quien era una de las personas denunciadas.

En este contexto, el denunciante sostuvo que esto vulneró gravemente los principios de confidencialidad y protección del denunciante.

De acuerdo con el recurso de protección, aparte de las acciones de los organismos públicos, el denunciante también experimentó hostigamiento y acoso por parte de su jefatura; del conductor de la empresa; y del Inspector Fiscal.

Además, afirmó a este medio que su empleador tomó medidas de aislamiento y bloqueo tras las denuncias: “Me bloqueó mis accesos a mi mail corporativo, y a su vez al buk que es donde puedo sacar mis documentos laborales. Me dejaron aislado, algo que prohíbe la Ley Karin en su Artículo 8”, dijo.

BioBioChile intentó infructuosamente obtener las declaraciones de los apuntados en la causa. Por disposición interna del MOP, fue la misma entidad que envió una declaración:

“La Dirección de Vialidad informa que hasta la fecha no ha sido notificada oficialmente de ningún recurso. Solo se ha recibido una denuncia por correo electrónico, respecto de la cual la Dirección ha tomado las medidas administrativas necesarias para investigar la veracidad de los hechos denunciados y si existió o no responsabilidad administrativa en ellos”, se lee.

Recurso de protección contra Contraloría

Producto de lo acontecido post denuncias, el recurrente interpuso el recurso de protección contra la CGR ante la Corte de Apelaciones de Concepción el pasado 14 de octubre de 2025. La Corte declaró el recurso admisible y acogió su tramitación.

En el libelo, el profesional argumentó que la actuación de la Contraloría Regional del Bío Bío constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera su derecho a la libertad personal y seguridad individual (Artículo 19 n° 7 de la Constitución) y su integridad psíquica y emocional (Artículo 19 n° 1).

Por tanto, el denunciante solicitó a la Corte que se deje sin efecto el levantamiento forzado de su identidad y que se reactive la denuncia bajo reserva, instruyendo a la CGR a adoptar medidas de protección conforme a la Ley N° 21.643 (Ley Karin).

Durante la tramitación, la Corte solicitó un informe a la Contraloría General de la República, dando un plazo de diez días para que lo evacuara. Antes de vencer ese plazo, la CGR solicitó una ampliación de tiempo para entregar dicho informe.

Es en este contexto que el recurrente indicó que la Contraloría incumplió en la entrega del informe que se le solicitó, pues la fecha límite era el pasado martes 4 de noviembre y a la fecha la causa no tiene a la vista el documento que debe emanar el organismo contralor dentro de los plazos conferidos.

Oposición a la dilación y temor por la vida

Así las cosas, el profesional sostuvo que la solicitud de la CGR excede el marco temporal que la normativa vigente contempla para este tipo de acciones constitucionales, cuyo carácter es urgente, sumario y preferente.

Según expresó a BBCL, vive con un profundo temor por su integridad física y por su vida, considerando los hechos descritos y las represalias que ha experimentado con posterioridad a sus denuncias.

Para M.V.C. esta batalla legal que sigue en curso es un enfrentamiento desigual. “Esto es como David contra Goliat“, concluyó.

Mientras que desde Contraloría declinaron referirse a esta causa argumentando que se trata de un tema judicializado.