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05 September 2025 | 19:59
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CONTEXTO/ Agencia UNO/ Pexels | Edición BBCL
En Lota, un joven de 19 años quedó con firma mensual y arraigo nacional tras ser acusado de apuñalar y matar a un adolescente durante un robo con intimidación. El hecho ocurrió el 22 de noviembre en Ruinas de la Empresa Nacional del Carbón. El fiscal formalizó al acusado por homicidio simple, alegando legítima defensa. El juez consideró desproporcionada la prisión preventiva y aceptó las medidas solicitadas por la defensa, dejando al imputado en libertad con cautelares menos severas. Se estableció un plazo de 120 días para la investigación.
Desarrollado por Bío Bío ComunicacionesCon firma mensual y arraigo nacional quedó un joven de 19 años acusado de apuñalar y dar muerte a un adolescente en Lota –región del Biobío-, hecho sucedido en medio de un robo con intimidación protagonizado por el menor.
Todo se remonta a la tarde del 22 de noviembre en el sector Ruinas de la Empresa Nacional del Carbón de Lota.
En ese lugar, el imputado de iniciales M.A.G.G apuñaló y dio muerte a Vicente Carrillo Roca, de 17 años.
El fiscal Hugo Cuevas formalizó al imputado por homicidio simple y dentro de las atenuantes para solicitar una cautelar distinta a la prisión preventiva, dice relación con una legítima defensa del imputado.
Cabe señalar que la víctima sufrió heridas tras ser atacado con un arma cortopunzante en el cuello, tórax y en uno de sus brazos, falleciendo en el lugar.
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El Ministerio Público solicitaba al arresto domiciliario total.
No obstante, el defensor Penal Público de Lota, Ignacio Vergara, solicitó el arraigo nacional y firma mensual.
Lo anterior, ya que argumentó que su representado se defendió tras ser víctima de un robo con intimidación cuyos presuntos autores -dentro de ellos, el adolescente fallecido- portaban armas blancas y una pistola.
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos en la audiencia, el juez de Garantía de Lota, Gonzalo Muñoz, consideró como “desproporcionada” la medida solicitada por la Fiscalía. Por esto, acogió lo pedido por la defensa, quedando el imputado en libertad con cautelares menos gravosas.
Cabe señalar que el formalizado renunció a su derecho a guardar silencio prestando declaraciones ante el ente persecutor y a los funcionarios policiales.
Finalmente, el Tribunal de Garantía de Lota decretó un plazo para investigar de 120 días.