Pescadores Industriales denuncian aumento del robo de jurel en el Biobío

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Empresas productoras de jurel en el Biobío alertan sobre aumento del robo con violencia de este recurso marino. 18 personas en prisión preventiva, 3 detenidos recientemente, con antecedentes penales por sustracción de jurel. Coronel, la comuna más afectada, con 80% de recaladas enfrentando asaltos violentos. Pescadores Industriales del Biobío piden acción coordinada público-privada para abordar esta problemática y proteger la pesquería regional.

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Las empresas productoras de jurel que operan en la Región del Biobío, denunciaron que el robo se convirtió en un delito en aumento, de bandas organizadas, cada vez más violentas.

Desde Pescadores Industriales del Biobío señalaron que el fenómeno ha escalado hasta convertirse en una amenaza constante para la seguridad de las tripulaciones y transportistas.

Según indicaron, actualmente hay 18 personas en prisión preventiva, de ellos 3 fueron detenidos esta semana- por sustracción de jurel desde embarcaciones, zonas de descargas y camiones transportistas, todos con antecedentes penales.

Y si bien en el Código Penal no existe la tipificación del delito de sustracción de pescado, están siendo investigados por robo con intimidación, robo con fuerza en lugar no habitado o en bien de uso público, hurto e ilícitos asociados.

Según comentaron desde el gremio, el robo de jurel ha tenido un aumento exponencial en los últimos años, situando a Coronel como la comuna más afectada, perjudicando al 80% de las recaladas que se realizan en dicha localidad. Es decir, 8 de cada 10 barcos pesqueros que llegan a la zona se ven enfrentados a violentos asaltos, poniendo en riesgo la integridad de sus tripulantes.

Añadieron que los denominados “gatos”, cometen este tipo de delitos prácticamente todos los días en temporadas de captura, afectando la economía regional, el orden público y la sostenibilidad de la principal pesquería del país.

Por ello, los Pescadores Industriales del Biobío buscan que se replique la acción coordinada público privada que actualmente se impulsa para abordar el robo de salmón, donde se han implementado estrategias robustas para fiscalizar y perseguir estos delitos.