BBCL Investiga: Catástrofe anticipada: el "polvorín" de 4 mil hectáreas en Gran Concepción del que nadie se hizo cargo

La Corporación Chilena de la Madera (Corma) advirtió el año pasado de posibles incendios con "consecuencias catastróficas" durante este verano, debido a que las forestales mantenían 4 mil hectáreas con residuos acumulados en el Gran Concepción. En sus proyecciones, incluso estimaron que 30 mil viviendas podían ser destruidas por las llamas. Por ello, solicitaron a las autoridades que visaran una quema controlada durante los meses de invierno, debido a que el Plan de Descontaminación no lo permitía. La autorización nunca llegó y ya se han contabilizado más de 500 viviendas arrasadas por el fuego. Desde la Delegación Presidencial Regional del Bío Bío y la Seremi de Medio Ambiente defienden que se actuó de acuerdo a la norma y que la quema no era la única alternativa de las forestales. Por lo demás, enfatizan que acumularon residuos durante seis años.

En el momento en que inició el fuego, a las 17:00 horas del sábado, el viento traía malos presagios. Quienes estaban cerca del primer foco, en el Puente 1 del camino entre Concepción y Florida, podían sentir vendavales como pocas veces se percibían en pleno verano, con ráfagas de 50 kilómetros por hora mientras la temperatura alcanzaba los 28 grados.

Pero más allá de las desalentadoras condiciones del clima, pocos vecinos del Bío Bío conocían la situación real de peligro en que se encontraban. Porque, a pocos kilómetros de sus casas, en terrenos forestales, había residuos que convertían esas zonas en una suerte de polvorín.

El escenario había sido pronosticado casi un año antes y se cumpliría parcialmente en las siguientes horas, con el avance de las llamas sobre comunas como Penco y Tomé. En abril de 2025 la Corporación Chilena de la Madera (Corma) había informado la situación en una reunión con diversos actores del sector público.

En esa oportunidad hicieron una petición simple: querían que se les autorizara a realizar quemas controladas de material durante el invierno en 4 mil hectáreas de las comunas del Gran Concepción y en 800 hectáreas de Los Ángeles. Para ello, necesitaban un permiso excepcional porque los planes de descontaminación de ambas ciudades no se lo permitían.

Junto con la solicitud, los directivos de la Corma expusieron una simulación incluida en un Power Point con su augurio catastrófico: en caso de que no se realizaran las quemas controladas, podían producirse incendios que pondrían en riesgo 30 mil casas y 6.200 hectáreas sólo en el Gran Concepción —considerando desde Coronel hasta Tomé—.

Luego del fin de semana, en que más de 500 viviendas resultaron quemadas y 19 personas perdieron la vida en la región del Bío Bío, varios de los que estuvieron presentes en la reunión de abril han recordado esa advertencia. Y lo que no se hizo a continuación.

Catastróficas consecuencias

Entre los presentes en esa cita de abril estuvieron representantes de la Delegación Presidencial del Bío Bío, Corporación Nacional Forestal (Conaf) y secretarías ministeriales.

La presentación de la Corma exponía que en la “próxima temporada”, si no se aplicaba fuego técnico, se podrían “desarrollar catastróficas consecuencias en situaciones meteorológicas de verano debido a la alta carga de combustible”.

Para graficar su petición y la urgencia, expusieron a partir de la lámina 19 las “potenciales consecuencias” si no permitían la quema de residuos, con tres ejemplos de conurbanizaciones que podían ser alcanzadas por el fuego: San Carlos-Millantú-Los Ángeles, Tomé y Concepción Metropolitano.

En este último caso, el mayor daño proyectado se encontraba en las comunas de San Pedro de la Paz y Coronel, de acuerdo a las imágenes de la presentación. Respecto de Tomé, la simulación mostró que un evento “podría generar afectación importante al sector Bellavista y parte alta de Tomé sector Carlos Mahns”.

Ante esto hicieron un mapeo de las zonas que debían ser priorizadas en las quemas. La mayor cantidad de hectáreas estaba en Hualqui, Tomé y Coronel.

Prohibición medioambiental

La advertencia de la catástrofe se había puesto sobre la mesa en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) incluso antes de 2025. Igualmente, hubo una mesa técnica que sesionó durante abril del año pasado, en la que participaron la Seremi de Agricultura, la Conaf, el Ministerio y la Seremi de Medio Ambiente, el Senapred, la Seremi de Salud y la Delegación Presidencial Regional del Bío Bío, además de Corma como entidad colaboradora.

El problema de fondo era que la petición iba directamente en contra de la norma. Hacer “fuego técnico” (quema planificada y controlada de desechos de la actividad forestal) en meses de invierno está prohibido debido a los decretos supremos N°6 y N°4 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Decreto N°4 establece un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para Los Ángeles. El Nº6, para el Concepción Metropolitano con diez comunas en específico: Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Penco y Tomé.

En concreto, el artículo 63 expone que en un plazo de dos años de entrado en vigencia el decreto, “se prohíbe el uso del fuego para la quema de rastrojos y de cualquier tipo de vegetación viva o muerta, en los terrenos agrícolas, ganaderos o de aptitud preferentemente forestal, entre el 30 de mayo y el 30 de agosto“.

El decreto se creó en 2017. Ahora, transcurridos más de cinco años, rige la misma restricción, pero entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. Es decir, desde prácticamente el comienzo del otoño hasta el inicio de la primavera.

Las razones de este decreto son simples. Se busca descontaminar una zona saturada y mejorar la calidad del aire en las comunas mencionadas.

Tiempo insuficiente

La Corma expuso que lo óptimo era hacer las quemas durante los meses con menores temperaturas para evitar la propagación del fuego. En simple, en invierno. Además planteó que el periodo permitido era demasiado acotado. Así lo mencionaron en una carta al delegado presidencial regional del Bío Bío, Eduardo Pacheco, del 22 de abril.

—Dicha ventana de tiempo es insuficiente para gestionar un combustible que puede alimentar incendios forestales, causando emergencias de alto impacto tanto para la vida de las personas, sus viviendas, la infraestructura y los bienes y servicios de los mismos ecosistemas forestales —se lee en el mensaje.

Este año, por ejemplo, el periodo de quemas en el Gran Concepción inició el 1 de octubre, tras el término de la prohibición del PPDA, y finalizó el 12 de noviembre, cuando Conaf impuso una nueva restricción de uso del fuego en toda la región del Bío Bío. Solo les dio un margen de 42 días para trabajar.

A modo de justificación, explicaron también desde la Corma que el 20% de los incendios forestales ocurre en la región del Bío Bío. En el periodo 2024-2025 esto se tradujo en 1.174 incendios. Y por lo demás, si bien durante esos meses de invierno se busca descontaminar, según sus cálculos, las quemas autorizadas son inferiores al 10% de emisión. Mucho menor que el CO2 que genera un incendio forestal.https://www.biobiochile.cl/assets/bbcl-embed/#/static/documentos/2026/01/oficio-de-la-corma-al-delegado.pdf?title=Oficio%20de%20la%20Corma%20al%20delegado 

Los megaincendios de 2017 generaron un CO2 asociado a 23 años de emisiones. Es equivalente a todos los vehículos livianos de la región Metropolitana en 2017.

Apoyo de Conaf y Bomberos

Además de la Conaf, que los apoyó en la solicitud de la quema controlada, la Corma contó con el respaldo de otras instituciones.

Un día antes de que la propia corporación enviara su carta a Pacheco, Bomberos de Chile también envió una misiva a la Delegación Regional del Bío Bío para sumarse a la solicitud. Su justificación venía después de analizar los números de la “temporada forestal”. Esta demostró que “las empresas fueron las protagonistas con 376 incendios (32% del total regional)”.

—En esta temporada se pudo constatar en terreno una gran cantidad de biomasa presente en zonas rurales, debido a la cosecha y trabajos silvícolas efectuados en el transcurso de los años 2023 y 2024, los cuales no fueron reducidos de manera manual a través del uso de fuego controlado, como ha sido la costumbre en la zona rural durante décadas —expusieron.

Como entidad y “conocedores de la normativa medioambiental”, señalaron que el decreto del Ministerio de Medio Ambiente “podría estar influyendo en la capacidad de disminuir la biomasa que significa un volumen de material combustible importante en cada temporada forestal”.

En simple, los Bomberos argumentaron que “la gran cantidad de desechos forestales y agrícolas no reducidos pueden haber alimentado y propagado esos incendios”.

—Creemos que, dentro de las medidas a implementar en la Etapa de Mitigación y Preparación del Ciclo del Riesgo de Desastres, está el catastrar y reducir al mínimo la biomasa y material vegetal combustible de desecho agrícola y forestal, administrando y/o fiscalizando de mejor manera las autorizaciones de quemas de desechos, contribuyendo a una menor disponibilidad de combustible para la próxima temporada de incendios forestales —concluyeron.

Quemas controladas

La quema que solicitaban comprendía residuos acumulados por más de seis años; una “quema controlada de 4.800 hectáreas en polígonos estrictamente predefinidos”.

Según cifras de Conaf a las que accedió Bío Bío Investiga, entre 2020 y 2025 se realizaron quemas autorizadas por 6.886 hectáreas en la provincia de Concepción. De ellas, 6.254 corresponden a terrenos de la Forestal Arauco.

La Red de Prevención Comunitaria es una entidad que trabaja con 493 comunidades distribuidas en ocho regiones del país. Funciona como un enlace directo con seis mil vecinos que viven en zonas de interfaz urbano-rural en la que la región del Bío Bío hace el 50% de dicha labor. Su trabajo, además de concientizar, es construir, por ejemplo, cortafuegos. Ellos también le escribieron a la Delegación Presidencial para que autorizaran el “fuego técnico”.

—En la actualidad se debate bastante sobre el uso del fuego técnico —expresaban en la carta—. Desde nuestra experiencia en la Red, hemos observado el profesionalismo de las empresas forestales en la gestión del territorio, del paisaje y del combustible, como una estrategia efectiva para prevenir incendios forestales.

Dentro de su planteamiento estaba si existía “fuego bueno o fuego malo”. Para ellos, en realidad, se trataba de un uso responsable y consciente.

—Por eso, la prevención de incendios desde y con las comunidades ha demostrado ser una herramienta eficaz para proteger la vida de las personas de nuestro Chile rural, pero necesitamos que todos los actores se involucren activamente y en este proceso el uso del fuego técnico por parte de expertos es una herramienta más de prevención que fortalece el trabajo de nuestros vecinos —remataron su misiva.

Un oficio en tramitación

Con todo esto, el delegado presidencial Eduardo Pacheco envió un oficio al subsecretario del Interior, Víctor Ramos Muñoz. Fue el 19 de mayo de 2025.

En su escrito de seis páginas planteó que a nivel central resolvieran lo que le habían planteado Conaf y Corma. En simple, que autorizaran una excepcionalidad a la normativa legal vigente establecida en el Plan de Descontaminación Ambiental.

Como argumento señalaron que se había generado una acumulación de biomasa vegetal en zonas de interfaz urbano-forestal “debido a la imposibilidad de efectuar quemas, generando un riesgo grave e inminente de incendios forestales de alta magnitud, como los registrados en 2017 y 2023. Esta acumulación, además, incrementa la probabilidad de quemas ilegales y descontroladas”.

El oficio enviado por Eduardo Pacheco menciona que el “fuego técnico” que buscaba realizar Corma era por los “residuos vegetacionales acumulados por más de seis años en zonas de interfaz urbano-forestal en comunas del Concepción Metropolitano y Los Ángeles”.https://www.biobiochile.cl/assets/bbcl-embed/#/static/documentos/2026/01/oficio-1.pdf?title=Oficio

A la fecha, la petición sigue en tramitación. No está rechazada, pero tampoco aprobada.

Fuentes vinculadas a las forestales critican que la solicitud no se haya aceptado en este lapso, otros conocedores de la materia arguyen que esto fue una medida de último minuto por parte de las compañías y cuestionan que hayan acumulado residuos durante seis años.

Daños “fácilmente evitables”

De igual forma, el presidente regional Bío Bío-Ñuble de la Corma, Alejandro Casagrande, envió una carta en agosto a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. En ella, exponía los mismos antecedentes, con el riesgo que conllevaba un potencial incendio.

—Señora ministra, la solicitud que hacemos, la cual tiene carácter de urgente, busca evitar que el periodo estival se produzcan incendios gigantescos e incontrolables, que destruyan viviendas y cobren la vida de compatriotas que habitan esos territorios o que se encuentren colaborando en el combate de la catástrofe —escribió Casagrande—. La vida de las personas y su derecho a que sus viviendas no sean arrasadas por incendios evitables hace que su respuesta se torne imprescindible para evitar daños mayores, fácilmente evitables.

Al respecto, el seremi de Medio Ambiente del Bío Bío, Pablo Pinto, explica que se conversó con la Corma. En esas ocasiones se les planteó que el objetivo de los planes de descontaminación era cuidar la salud de las personas, y que modificarlos no era tan sencillo.

—Se necesita hacer estudios técnicos que podamos analizar bien de qué forma esto no afecte los objetivos que tiene el plan de descontaminación, pero que al mismo tiempo considere lo que las empresas están señalando, considerando también que hay alternativas a las quemas, como el chipeo —asevera Pinto.

Por otro lado, la Corma intentó recurrir a Contraloría el año pasado, de acuerdo a fuentes de la corporación. Según las mismas personas, luego de que solicitaran audiencia por Ley de Lobby, desde la Contraloría cancelaron la cita debido a que no podían hacer nada al respecto mientras no estuviera comprometido el patrimonio del Fisco.

Responsabilidad de las forestales

El delegado Eduardo Pacheco asegura a la Unidad de Investigación de Bío Bío que la situación le resultó preocupante cuando se la plantearon, sobre todo considerando que existían seis años de desechos acumulados. De hecho, sostiene que por eso fue él quien organizó el equipo técnico interinstitucional para analizar la situación y coordinó con las instituciones estatales la solicitud de las forestales.

Enfatiza que uno de los puntos centrales de su gestión es la prevención de incendios forestales. Por lo mismo ha trabajado con la Conaf, el Ministerio de Educación, de Obras Públicas y Medio Ambiente. Sin embargo, el rol del Ejecutivo en la prevención de incendios es “colaborar, coordinar y velar por el cumplimiento de la normativa vigente”.

—La responsabilidad de gestionar y eliminar los residuos forestales en predios privados recae en las propias empresas forestales. Es decir, deben hacerse cargo de los desechos que genera el proceso productivo —enfatiza la autoridad.

—¿Durante los últimos años, las forestales pidieron hacer una quema controlada u otra medida para reducir sus residuos acumulados?

—Las empresas forestales sí han contado con la posibilidad de realizar quemas controladas dentro de dicho marco normativo, en los períodos que se estipulan. Sin embargo, los antecedentes disponibles aportados por la Corma indican que éstas no se realizaron en los volúmenes necesarios para evitar la acumulación sostenida de residuos forestales. Pero, adicionalmente, les hemos insistido en que deben avanzar en la modernización de la industria forestal, como el chipiado, y mejoras en los modelos de gestión forestal que eviten la acumulación prolongada de material combustible.

Una chipeadora es una máquina que permite convertir los desechos en biomasa triturada. Una industrial, de entre 500 y 700 caballos de fuerza —que puede costar más de $400 millones, sin considerar importación—, es capaz de procesar alrededor de 30 toneladas de residuos de pino por hora.

De acuerdo a estimaciones académicas, una hectárea de pino produce aproximadamente 40 toneladas de desechos. O sea, suponiendo que todo el material puede ser procesado, las 4.800 hectáreas producirían aproximadamente 192 mil toneladas que podrían ser trituradas en 6.400 horas. Triturando ocho horas al día se demoraría 800 días en completar la tarea.

La Unidad de Investigación de Bío Bío intentó obtener una versión de la Subsecretaría del Interior. Sin embargo, desde la entidad indicaron que estaban abocados a la contingencia de los incendios forestales y que por ello sólo se referiría al tema la Delegación Presidencial Regional.

“No era posible realizar las quemas”

La Unidad de Investigación envió un cuestionario de cinco preguntas a la Corma sobre la acumulación del material combustible y sus solicitudes a las autoridades.

En sus respuestas, la corporación manifestó que no era posible afirmar con certeza que, de haberse realizado las quemas a tiempo, se hubiese evitado la catástrofe. Esto porque los incendios “responden a múltiples factores” de “viento, temperatura y humedad”.

Respecto de por qué no realizaron las quemas controladas a partir de octubre, sostuvieron que a esa fecha ya se presentan “condiciones favorables para la propagación de incendios”.

En cuanto a la acumulación de desechos durante seis años, se limitaron a decir que las empresas “utilizan distintos métodos para gestionar estos combustibles, siempre bajo criterios técnicos, de prevención y de seguridad”.

—¿Por qué no se eliminaron los rastrojos mediante otros métodos, como chipeadoras?

—Como sector sí utilizamos otros métodos para eliminar residuos, como chipeadoras y maquinaria para producir biomasa. Ahora bien, como son máquinas, tienen restricciones técnicas y de seguridad, por ejemplo, las pendientes, humedad del suelo, entre otras.

—¿Cuál fue la actitud que tomaron la Seremi de Medio Ambiente, la Delegación Presidencial Regional y la Subsecretaría del Interior ante la petición de quema controlada durante los meses de invierno de 2025?

—Desde Corma planteamos estas inquietudes de manera formal y anticipada, siempre con un enfoque técnico y preventivo. Tal como lo hicimos con otras medidas de prevención, como la prevención social y la prevención punitiva. Las autoridades, por su parte, nos informaron que, de acuerdo con el marco normativo vigente, que establece restricciones al uso del fuego en zonas con planes de descontaminación, no era posible autorizar estas medidas.