Estudio de Faro UDD evidencia un aumento en los crímenes en Concepción, Los Ángeles y Lebu entre 2019 a 2023

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En Chile, el crimen organizado y los delitos violentos están en aumento, especialmente en regiones como Biobío, donde se ha registrado un marcado crecimiento en homicidios. El informe de Faro UDD destaca que diversas capitales provinciales, incluyendo Santiago y Valparaíso, enfrentan altas tasas de violencia letal debido a la influencia de bandas extranjeras y el crimen organizado. La centralización de recursos y políticas públicas ha sido señalada como un problema, con la necesidad de implementar estrategias específicas adaptadas a cada región. El estudio propone mejorar la infraestructura carcelaria y fortalecer la rehabilitación como medidas clave para combatir esta crisis de seguridad.

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En Matinal Nuestra Casa, conversamos con Alexander Nanjarí, investigador y uno de los autores del estudio, quien nos entregó una detallada radiografía de la situación.

El crimen organizado y los delitos violentos han adquirido un preocupante protagonismo en varias regiones de Chile. Un reciente informe de Faro UDD, titulado Análisis del Crimen en Capitales Provinciales de Chile, revela cifras alarmantes que reflejan el incremento sostenido de homicidios y delitos graves entre 2019 y 2023.

Biobío y el alza de delitos violentos

En la Región del Biobío, el informe destaca un marcado aumento en homicidios y otras incivilidades:

  • Concepción experimentó un crecimiento del 68% en los casos de homicidios, pasando de 10 en 2019 a 17 en 2023.
  • Los Ángeles registró un incremento aún mayor, del 78,5%, con cifras que pasaron de 5 a 11 homicidios en el mismo período.
  • Lebu sobresalió con un alarmante 104,2% de aumento en incivilidades como el comercio ilegal y la apropiación de espacios públicos.

Estos datos posicionan a Biobío como una de las regiones con mayor crecimiento en violencia letal en Chile, reflejando la urgencia de implementar estrategias específicas para combatir este fenómeno.

Panorama nacional: Capitales en crisis

El estudio analizó las 15 capitales provinciales del país con mayores tasas de homicidios, identificando a Santiago, Puerto Montt, Valparaíso, Rancagua y Calama como las más afectadas. En particular:

  • Calama, con una tasa de 9,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, lidera las estadísticas nacionales. Su ubicación estratégica como ciudad minera y cercana a la frontera ha facilitado el auge del crimen transnacional.
  • Valparaíso, como ciudad puerto, enfrenta altos niveles de tráfico de drogas y actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado.

Nanjarí explicó que, mientras en el pasado los delitos violentos estaban asociados principalmente al consumo de drogas y alcohol, la reciente expansión de bandas extranjeras y el crimen organizado ha cambiado el panorama. Estos grupos no solo incrementan la violencia, sino que también disputan territorios mediante métodos letales.

La Falta de descentralización

Uno de los puntos críticos abordados por el investigador es la centralización de los recursos y las políticas públicas. Aunque el gobierno ha anunciado inversiones en tecnología y vehículos policiales, estas medidas no han sido distribuidas equitativamente. En la Región Metropolitana se han implementado planes específicos como "Calles sin Violencia", mientras que en regiones como Biobío la respuesta se limita a incrementos mínimos en personal y equipamiento.

Además, Nanjarí subrayó que las estrategias de seguridad deben adaptarse a las condiciones locales. Ciudades como Concepción y Los Ángeles, que conforman grandes conurbanos, requieren una coordinación intercomunal para evitar que el crimen migre de una zona a otra.

Estrategias para Combatir el Crimen

El informe de Faro UDD resalta tres pilares esenciales para abordar la crisis de seguridad:

  • Disuasión: Incrementar la presencia policial y el patrullaje en zonas críticas.
  • Prevención: Invertir en programas sociales que ofrezcan alternativas a jóvenes en riesgo, como actividades deportivas y culturales.
  • Aplicación de la fuerza estatal: Reforzar las capacidades de investigación y persecución del crimen organizado, asegurando sanciones efectivas.

Además, se enfatiza la necesidad de mejorar la infraestructura carcelaria para combatir el hacinamiento y fortalecer la rehabilitación, garantizando que las penas cumplan su propósito.