Nueva directiva de FEC UdeC señala asumir en “estado de alerta” por posibles recortes de beneficios estudiantiles

La nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción asumió sus funciones para el periodo 2026 en medio de un escenario que, según señalaron, está marcado por la incertidumbre en materia educacional y eventuales cambios en financiamiento.

El tema fue abordado en conversación con la presidenta de la FEC, Ivania Garrido Casanova; la secretaria de finanzas, Ilwen Escribá Ñancupil y el secretario de comunicaciones, Matías González Cid, quienes explicaron que decidieron iniciar su gestión en “estado de alerta” ante anuncios que podrían afectar beneficios estudiantiles.

Según señalaron, una de las principales preocupaciones es un eventual recorte presupuestario en educación, lo que advirtieron, podría significar retrocesos en derechos adquiridos por el movimiento estudiantil, como la gratuidad y beneficios de alimentación.

“Estamos en un escenario complejo que podría significar retroceder en derechos sociales en educación superior”, plantearon desde la directiva.

En esa línea, indicaron que en la universidad cerca del 60% del estudiantado accede a gratuidad, por lo que cualquier modificación en el sistema tendría un impacto directo en la comunidad.

Además, manifestaron preocupación por eventuales cambios en el acceso a beneficios para estudiantes mayores de 30 años, lo que, según explicaron, podría afectar especialmente a mujeres que postergaron sus estudios por labores de cuidado.

Respecto al trabajo que proyectan, la nueva directiva aseguró que buscarán fortalecer la articulación con otras federaciones estudiantiles a nivel regional y nacional, además de levantar demandas desde las bases estudiantiles.

En paralelo, adelantaron que pondrán énfasis en la defensa de becas y beneficios, así como en el seguimiento a la situación de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), tema que calificaron como prioritario.

Finalmente, señalaron que su gestión estará marcada por el diálogo con autoridades, pero también por la movilización en caso de que se vean amenazados derechos del estudiantado.