Con posibilidad de perder gratuidad y revisión de mochilas: Los cambios del proyecto Escuelas Protegidas

El gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo, Raúl Perry, abordó en Nuestra Casa las modificaciones al proyecto de ley Escuelas Protegidas, iniciativa que busca reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales tras el aumento de episodios de violencia escolar registrados en el país.

Perry explicó que durante 2025 se registraron más de 17 mil denuncias vinculadas a comunidades escolares, cifra superior a la del año anterior, lo que ha impulsado una serie de medidas orientadas a prevenir hechos graves dentro de los establecimientos.

Entre las principales medidas del proyecto se encuentra la posibilidad de revisar mochilas, bolsos y otras pertenencias cuando existan antecedentes fundados que permitan prevenir el ingreso de elementos peligrosos a los recintos educacionales. Además, establece sanciones para quienes interrumpan clases o participen en hechos de violencia que afecten el normal funcionamiento de los establecimientos, junto con fortalecer las atribuciones de los equipos directivos y docentes para mantener el orden y resguardar a las comunidades educativas.

El representante de la fundación advirtió que centrar la discusión únicamente en sanciones o medidas de control podría dejar fuera el origen del problema. A su juicio, la violencia escolar debe abordarse fortaleciendo el trabajo preventivo con familias, apoderados, estudiantes y comunidades educativas completas, incorporando herramientas de parentalidad positiva y formación socioemocional desde edades tempranas.

Perry sostuvo que la prevención debe transformarse en el eje principal de la discusión legislativa, considerando que muchos de los factores asociados a la violencia se desarrollan antes de que ocurran los hechos más graves.

En ese sentido, planteó que el fortalecimiento de habilidades emocionales, la resolución pacífica de conflictos y el acompañamiento familiar son elementos clave para enfrentar el fenómeno a largo plazo.

Respecto a las nuevas atribuciones para docentes, reconoció la compleja realidad que enfrentan muchos profesores ante situaciones de agresión o amenazas, pero insistió en que las soluciones de fondo requieren una estrategia integral que combine seguridad, apoyo a las comunidades educativas y acciones preventivas sostenidas en el tiempo.