
Ecuador autoriza apoyo militar a la policía sin requerir estado de excepción
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El Ejecutivo decidió flexibilizar la tramitación de la iniciativa luego de recibir cuestionamientos desde distintos sectores políticos. El cientista político Danilo Herrera analiza el escenario y las dificultades que enfrenta La Moneda para alcanzar acuerdos en el Congreso.
La reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno entró en una nueva etapa luego de que La Moneda decidiera retirar la urgencia legislativa del proyecto, con el objetivo de ampliar el debate y buscar acuerdos en el Congreso. El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que la decisión representa una señal de disposición para escuchar propuestas y realizar modificaciones.
En este escenario, el cientista político Danilo Herrera analiza las dificultades políticas que enfrenta el Ejecutivo y el desafío de construir una reforma que consiga los respaldos necesarios para avanzar en el Senado.
El retiro de la urgencia se produce luego de una semana marcada por críticas y reparos al contenido de la reforma. Entre las modificaciones que se han planteado aparece la posibilidad de reducir la duración del nuevo Estado de Excepción, modificar las reglas relacionadas con la pertenencia a organizaciones criminales y revisar algunas de las sanciones contempladas para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha señalado que el Ejecutivo mantiene conversaciones con parlamentarios para identificar eventuales cambios a la iniciativa, mientras que desde La Moneda han defendido la necesidad de avanzar en una nueva institucionalidad para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.
El escenario político también coincide con los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem. Un 51% de los consultados considera que el Gobierno debería retirar el proyecto, buscar acuerdos y realizar ajustes antes de volver a presentarlo.
Otro 33% estima que la iniciativa debe continuar su tramitación, pero incorporando modificaciones mediante acuerdos en el Congreso, mientras que solo un 10% respalda que avance sin cambios.
De esta manera, el 84% de los encuestados se inclina por algún tipo de modificación o búsqueda de acuerdos, reflejando la dificultad que enfrenta el Ejecutivo para sacar adelante el proyecto en su actual formulación.
La reforma también deberá enfrentar un escenario complejo en el Senado. En el Biobío, por ejemplo, ninguno de los tres senadores consultados por Diario Concepción adelantó su respaldo a la iniciativa, mientras el proyecto requiere 29 votos para aprobar la idea de legislar.
Para Danilo Herrera, el retiro de la urgencia puede convertirse en una oportunidad para que el Gobierno abra una negociación política más amplia, pero también evidencia que la propuesta inicial no cuenta con los apoyos suficientes para avanzar rápidamente.
El debate, por ahora, se concentra en encontrar un equilibrio entre entregar mayores herramientas al Estado para enfrentar el crimen organizado y establecer límites y contrapesos que permitan resguardar las garantías constitucionales.
Con la discusión nuevamente abierta, el desafío para el Ejecutivo será lograr que una de sus principales promesas en materia de seguridad consiga transformarse en una reforma con respaldo político suficiente para avanzar en el Congreso.