Bots y política: el desafío de detectar cuándo las redes sociales dejan de reflejar una opinión ciudadana real

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para indagar el eventual uso de bots y otras herramientas de manipulación digital en procesos electorales desde 2020. En paralelo, un proyecto busca tipificar como delito la utilización de redes de cuentas falsas o automatizadas para influir en la opinión pública y las elecciones.

La discusión sobre el impacto de las redes sociales en la política chilena sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la creación de una comisión especial investigadora destinada a indagar el eventual uso de bots y otras herramientas de manipulación digital en procesos electorales y plebiscitarios realizados en Chile desde 2020.

La iniciativa obtuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, luego de que en una primera votación no alcanzara el quórum necesario. La instancia buscará recopilar antecedentes sobre bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas de amplificación, trolls, desinformación, manipulación algorítmica e inteligencia artificial aplicada a procesos electorales.

En paralelo, el diputado Jaime Bassa presentó un proyecto que busca incorporar un nuevo delito a la Ley 21.459 para sancionar a quienes contraten, organicen, administren o financien redes de bots destinadas a simular respaldo ciudadano o influir artificialmente en la opinión pública y en procesos electorales.

Para analizar este fenómeno, la experta en marketing político, Paulina Pinchart, aborda las consecuencias que puede tener la automatización de la conversación política y el desafío que representa distinguir entre apoyo ciudadano auténtico y una percepción artificialmente construida.

¿Qué es un bot y por qué preocupa en política?

Un bot es una cuenta o programa automatizado que puede ejecutar determinadas acciones en Internet sin que cada una de ellas sea realizada manualmente por una persona.

En el ámbito político, el problema aparece cuando múltiples cuentas son coordinadas para amplificar determinados mensajes, instalar tendencias, generar interacciones artificiales o dar la impresión de que una determinada opinión cuenta con un respaldo ciudadano mucho mayor del que realmente tiene.

Una persona que observa cientos o miles de publicaciones similares puede interpretar que existe un consenso social sobre un determinado candidato, propuesta o tema, aunque detrás de esa actividad exista una red automatizada.

La operación puede ser todavía más compleja cuando los bots se combinan con cuentas manejadas por personas, campañas de desinformación y herramientas de inteligencia artificial.

El efecto de la “mayoría artificial”

Uno de los principales riesgos de estas estrategias es generar una sensación artificial de mayoría.

Las redes sociales funcionan, en parte, mediante mecanismos que priorizan contenidos con altos niveles de interacción. Si un mensaje recibe rápidamente grandes cantidades de comentarios, publicaciones, reacciones o visualizaciones, puede adquirir una mayor exposición y llegar a nuevas audiencias.

De esta manera, una operación coordinada podría intentar transformar un mensaje inicialmente marginal en un contenido aparentemente masivo.

Para el marketing político, esto resulta especialmente relevante porque la percepción que tienen los electores sobre el respaldo que posee un candidato puede influir en la manera en que evalúan sus posibilidades y su posición dentro de una elección.

No todo lo que ocurre en redes es representativo de la ciudadanía

La discusión también obliga a mirar con cautela las redes sociales como una fuente para medir el estado de la opinión pública.

Una tendencia en X, Instagram, TikTok o Facebook no necesariamente representa lo que piensa la mayoría de los ciudadanos.

La cantidad de publicaciones, seguidores o interacciones de una determinada cuenta tampoco constituye por sí sola una medición electoral.

Por eso, una de las tareas fundamentales para periodistas, ciudadanos, autoridades y equipos de campaña es distinguir entre participación orgánica y actividad artificialmente amplificada.

El caso Cerimedo vuelve a poner el tema en la agenda

La discusión parlamentaria ocurre además en medio de las indagaciones relacionadas con el denominado “caso bots” y los eventuales vínculos del consultor argentino Fernando Cerimedo con operaciones digitales de este tipo.

La controversia llevó a que el Congreso analizara la necesidad de investigar el eventual uso de herramientas de manipulación digital en procesos electorales chilenos.

La comisión investigadora tendrá precisamente entre sus objetivos reunir antecedentes sobre el conocimiento, prevención, detección y fiscalización de este tipo de operaciones por parte de los organismos competentes.

La discusión no se limita a un caso particular. El objetivo planteado por los parlamentarios es determinar si Chile cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar eventuales operaciones coordinadas de manipulación digital.

¿Puede un bot cambiar una elección?

La respuesta no es sencilla.

Una red de cuentas automatizadas no significa necesariamente que pueda modificar por sí sola la decisión de millones de electores. Sin embargo, sí puede contribuir a alterar el entorno informativo en el que las personas toman sus decisiones.

El riesgo está en instalar determinadas narrativas, amplificar contenidos falsos o polarizantes y generar la percepción de que una determinada posición cuenta con un respaldo social que en realidad no existe.

Por ello, el debate apunta a un fenómeno más amplio: la posibilidad de que herramientas tecnológicas sean utilizadas para intervenir artificialmente la conversación pública.

Buscan crear un nuevo delito

El proyecto presentado por Jaime Bassa busca precisamente llenar lo que sus impulsores consideran un vacío legal.

La propuesta plantea sancionar a quienes contraten, organicen, administren o financien redes de bots que oculten su carácter falso o automatizado con la finalidad de manipular el debate público.

La iniciativa contempla penas de presidio menor en su grado medio a máximo, además de multas, y establece circunstancias agravantes cuando las operaciones formen parte de una actividad comercial organizada, tengan fines de lucro o busquen afectar la honra o dignidad de una persona.

El proyecto todavía debe avanzar en su tramitación legislativa, por lo que sus eventuales sanciones podrían modificarse durante la discusión parlamentaria.

El desafío para las próximas elecciones

Para Paulina Pinchart, el fenómeno plantea un desafío particularmente importante en períodos electorales, cuando la conversación digital aumenta y los ciudadanos reciben diariamente grandes cantidades de información.

En este escenario, la alfabetización digital y la capacidad de verificar contenidos adquieren una importancia cada vez mayor.

No basta con observar cuántas personas comparten una publicación o cuántos comentarios acumula. También es necesario preguntarse quién está detrás de esas cuentas, si existe coordinación, cuál es el origen de la información y qué evidencia respalda las afirmaciones que circulan.

El debate sobre los bots abre así una discusión que va más allá de las redes sociales: cómo proteger la calidad de la conversación pública y garantizar que las decisiones electorales se desarrollen en un entorno donde la ciudadanía pueda distinguir entre apoyo real, propaganda, desinformación y actividad artificialmente amplificada.

Mientras el Congreso comienza a investigar el eventual uso de estas herramientas y se discuten nuevas sanciones penales, el desafío para Chile será encontrar un equilibrio entre combatir la manipulación digital y proteger, al mismo tiempo, la libertad de expresión y la participación legítima en Internet.