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El apoyo expresado por Chile a los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas ocurre en medio de una renovada tensión bilateral por el Estrecho de Magallanes. El analista internacional Jorge Sanz aborda los alcances de esta posición.
La relación entre Chile y Argentina volvió a estar en el centro del debate internacional luego de que el gobierno de Javier Milei anunciara sanciones contra empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas.
En ese contexto, el canciller argentino Pablo Quirno aseguró que Chile respaldará a Argentina, incluyendo eventualmente apoyo logístico frente a las actividades vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el territorio cuya soberanía reclama Buenos Aires.
La declaración se produjo después del encuentro entre los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei, quienes reafirmaron la posición chilena de apoyo a los legítimos derechos de soberanía argentinos sobre las Malvinas y llamaron a retomar el diálogo con Reino Unido.
El comunicado conjunto entre ambos gobiernos estableció el respaldo chileno a los derechos argentinos sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de sus espacios marítimos.
Sin embargo, el documento no establece explícitamente que Chile vaya a aplicar las sanciones anunciadas por Argentina contra empresas petroleras ni que vaya a cerrar sus puertos a estas compañías. De hecho, desde el Gobierno chileno se ha señalado que no existe un cambio en la posición histórica del país respecto de las Malvinas.
Para Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo (UDD), la diferencia entre el respaldo político a la reivindicación argentina y asumir medidas concretas de presión resulta fundamental para entender el alcance real del acuerdo.
La situación adquiere especial sensibilidad debido a que el respaldo a Argentina se produce prácticamente al mismo tiempo que Santiago y Buenos Aires debieron abordar otra controversia territorial: la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.
Ambos mandatarios coincidieron en que el régimen jurídico del estrecho está determinado por los tratados de 1881 y 1984, instrumentos que establecen la soberanía chilena sobre la totalidad del paso marítimo.
La tensión también comienza a reflejarse en la opinión pública. Según la encuesta Cadem publicada el 6 de septiembre, 40% de los consultados considera a Argentina un enemigo de Chile, mientras 36% lo ve como un aliado. Además, 71% cree que Argentina no respeta la soberanía chilena y mantiene pretensiones territoriales sobre el Estrecho de Magallanes.
Respecto de la controversia por Magallanes, 47% consideró que el Presidente Kast manejó mal la situación, frente a un 44% que evaluó positivamente su actuación.
En este escenario, el desafío para ambos gobiernos será mantener la cooperación bilateral en materias de interés común, sin que las diferencias territoriales y las declaraciones sobre Malvinas y Magallanes terminen generando una nueva escalada de tensión entre dos países históricamente vinculados.