Interrogatorios y allanamientos efectuaron en Concepción fiscales a cargo del caso Convenios, pesquisas que involucraron al Gobierno Regional, la Seremi de Vivienda y el Serviu. Ante la fiscal María José Aguayo declaró el gobernador Rodrigo Díaz, mientras que el fiscal de Aysén, Carlos Palma, lideró las diligencias en el Gore y Vivienda.
Fue a primera hora de este martes que comenzaron las pesquisas, casi paralelamente en las dependencias del Serviu, de la Seremi de Vivienda y la Fiscalía Regional, hasta donde llegó el gobernador Rodrigo Díaz.
Fue la tercera citación conocida por parte del Ministerio Público a la autoridad, quien sólo señaló que comparecía ante la fiscal María José Aguayo en calidad de testigo, pero desconociendo la arista del caso Convenios por la que sería interrogado.
Luego la Fiscalía Regional del Biobío informó que la declaración tenía que ver con los fondos por 356 millones de pesos que el Gobierno Regional transfirió a la Fundación Bonhomía, cuyos proyectos debían ser ejecutados por la empresa Luz Verde, allanada en marzo en el marco de la investigación penal.
Mientras el gobernador ingresaba a la Fiscalía Regional, equipos de la PDI dirigidos por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, llegaban a las oficinas del Serviu y de la Seremi de Vivienda. El objetivo era obtener antecedentes relacionados con la Fundación Procultura, como lo señaló el propio persecutor.
Inicialmente había trascendido que la declaración de Rodrigo Díaz tenía que ver con filtraciones desde la PDI y la Fiscalía al Gore, una de ellas a la asesora jurídica del Gobierno Regional, Karen Flores, situación que el gobernador conversó con la abogada.
Hasta ahora ni la arista Bonhomía ni la arista Procultura, que incluye fondos entregados en otras regiones, tienen personas formalizadas, sin descartarse que tras estas diligencias los fiscales puedan decidirr la formulación de cargos.
