Gobierno de Kast debe enfrentar cuatro demandas contra el Estado por fraccionamiento pesquero

El gobierno de José Antonio Kast deberá enfrentar -hasta el momento- cuatro demandas contra el Estado de Chile relacionadas al fraccionamiento pesquero.

Todas las compañías involucradas comparten algo en común: consideran que los cambios en las cuotas de pesca son una “expropiación”, produciendo importantes mermas en su patrimonio e impactando inversores hechas bajo el marco previo de fraccionamiento.

Las firmas que hasta el momento han decidido emprender acciones legales contra el Estado han sido Camanchaca, Blumar, Landes y, durante esta semana, FoodCorp.

Demandas de pesqueras contra el Estado por fraccionamiento

Todo empezó cuando Camanchaca anunció que exige $90 mil millones mediante una demanda de indemnización de perjuicios ingresada el 31 de enero al 18° Juzgado Civil de Santiago. El CEO de la empresa, Ricardo García, dijo que el Estado dio reglas claras y que ellos realizaron cuantiosas inversiones sobre esos compromisos.

“Cuando esa promesa se rompe unilateralmente antes de tiempo, no solo se afecta a una empresa, sino que se daña la confianza en el país como un todo (…) cuando el Estado expropia, la ley y la Constitución lo obligan a indemnizar; no hacerlo es ilegal”, sentenció García.

Tras el anuncio revelado a inicios de febrero, luego fue el turno de Blumar, que exigió US$216 millones. “Esto constituye una expropiación sin compensación que vulnera la certeza jurídica”, señalaron desde la pesquera que se vio inmersa en la polémica por la tragedia de la lancha Bruma.

Y luego vino el tercer actor, Landes, quien volvió a realizar los mismos cuestionamientos del sector, que el fraccionamiento pesquero aprobado durante el gobierno de Gabriel Boric constituye una “expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”.

Finalmente, esta semana se conoció que FoodCorp, pesquera con base en Coronel hace más de 20 años y de financiamiento de capitales noruegos, se suma a las demandas contra el Estado, acusando un daño por sobre los US$100 millones.

La firma ya había adelantado que estaba analizando las opciones legales tras la demanda de Blumar y Camanchaca.

El CEO de FoodCorp Chile, Andrés Daroch, Coello, reiteró que “nuestro sector tiene la convicción que estamos frente a una expropiación encubierta, pues se nos ha privado de una participación en las asignaciones de pesca que durante años fueron el sustento de inversiones, contratos de trabajo de cientos de colaboradores, acuerdos de abastecimiento y compromisos en mercados internacionales, reglas claras que estaban definidas por Ley hasta 2032”.

En el caso de la firma de capitales europeos, advirtieron que la ley de fraccionamiento, además de los cambios en las cuotas de jurel, también trajo un impuesto exclusivo para la región del Bío Bío por compra de cuota internacional de este recurso.

Según FoodCorp, eso generaría mayor estrechez operacional y encarecimiento de los costos.