En el marco de la serie de revisiones que ha realizado la Contraloría -y que destapó la polémica por el abuso de las licencias médicas- el nuevo foco de fiscalización recaerá en el uso de los beneficios sociales que entrega el Estado, como por ejemplo, el subsidio de arriendo.
Lo anterior lo confirmó la propia contralora general de la República, Dorothy Pérez, durante un conversatorio titulado “Probidad y Eficiencia del Estado”, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes (Uandes).
En su intervención, Pérez explicó que uno de los principales focos del plan fiscalizador 2026 está en la eventual entrega irregular de beneficios sociales, junto a otras áreas como infancia y migraciones.
“El año pasado anunciamos que durante 2026 las prioridades de la Contraloría iban a estar en tres áreas: infancia, migraciones y entrega irregular de beneficios sociales a personas que no cumplen los requisitos que la ley dicta, o sea, el abuso”, indicó.
Según detalló, este último eje concentra una parte importante de recursos, debido al impacto que tiene en la correcta asignación de dineros que provienen de las arcas fiscales.
“Es imposible que siempre haya fondos para cubrir todas las necesidades. Entonces, uno lo que tiene que hacer es optimizar y corregir los abusos que hay en otras áreas para que esos recursos sean destinados a los lugares donde se necesitan más”, explicó.
Contraloría fiscalizará los beneficios sociales
La contralora confirmó que actualmente se están revisando múltiples beneficios sociales para verificar que quienes los reciben cumplan con las condiciones exigidas por la normativa.
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Martes 24 Febrero, 2026 | 12:31
“En simple: que cumplan los requisitos que la ciudadanía fijó, porque la ciudadanía manifiesta su voluntad a través de representantes en el Congreso que aprueban leyes y esas leyes dicen cuáles son los requisitos. Entonces, en realidad lo que estamos custodiando son los intereses de los ciudadanos”, sostuvo.
Finalmente, si bien Pérez indicó que no es posible determinar cuántas irregularidades podrían detectarse, reconoció que pueden existir errores en el proceso, debido al volumen de información que se analiza.
“Va a haber un margen de error, pero la regla es que vamos a encontrarnos con casos de, por ejemplo, subsidio de arriendo entregados a personas que tienen propiedad o personas que ya no viven en Chile”, advirtió.
