La justicia suspendió los derechos de Puerto Coronel como querellante en la causa donde se investigan delitos económicos, tributarios y de corrupción, al estar acusada por soborno por el Consejo de Defensa del Estado.
Esto último, ya que se acusa a la empresa de pagar dineros al alcalde Boris Chamorro y a un exconcejal.
Puerto Coronel, según el proceso judicial, se encuentra -como persona jurídica- en calidad de víctima, pero a la vez como imputada.
Cabe recordar que la compañía -en marzo de 2024- presentó una querella por delitos económicos en contra de sus exejecutivos, por hechos que afectaron el patrimonio de la citada firma. Pero en enero de este año, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra la portuaria por el delito de soborno, acusando el pago de dineros al alcalde Boris Chamorro y al exconcejal Eduardo Araya.
La solicitud de excluir a Puerto Coronel como querellante en la causa fue presentada por los abogados Waldo Ortega y Gastón Barril.
El primero defiende al jefe comunal y el segundo a quien fuera gerente de administración y fianzas de la compañía, Daniel Chamorro.
Ambos acusaron “dicotomía” y una “contradicción procesal de Puerto Coronel en la causa” al estar este último como querellante e imputado, afectando el principio de “objetividad”, pues, existe a juicio de las defensas, una “incompatibilidad de intereses”.
Desde la portuaria, el abogado defensor, Cristophe Giroux, señaló que “la querella de Puerto Coronel se deduce por delitos patrimoniales de que fue víctima: delito de administración desleal, apropiación indebida, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, y no por delitos funcionarios, respecto del cual el señor Boris Chamorro se encuentra imputado por el delito de cohecho. Es más, la querella de Puerto Coronel, su señoría, no se dirige nominativamente contra el señor alcalde”.
Si bien el Consejo de Defensa del Estado también considera la dualidad en la que se encuentra la compañía, se opuso a la solicitud de las defensas. Quienes también se opusieron, aunque con matices, fueron la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos.
El juez de Garantía, Daniel Ortiz, si bien señaló que la calidad de víctima e imputada que tiene Puerto Coronel como persona jurídica, responde a hechos distintos, estos se encuentran “estrechamente vinculados” y por ello suspendió los derechos la empresa como querellante en la causa mientras “no se aclare si situación procesal”.
“Puerto Coronel, en esta causa por hechos que se encuentran estrechamente vinculados, no puede intervenir en este procedimiento mientras no se aclare su situación procesal respecto de la querella deducida por el Consejo de Defensa del Estado”, expuso Ortiz.
A ello, agregó que “a juicio de este sentenciador, lo razonable es que se separen las investigaciones respecto a dicha circunstancia. Pero mientras se mantenga agrupada esta investigación a este procedimiento, no es pertinente la intervención de la querellante”.
Ante diligencias pendientes, la investigación en la causa donde se indagan delitos económicos, de corrupción y tributarios se amplió en 45 días.
